El manejo administrativo y fiscal del sistema telegráfico en el Estado de Santander, 1865-1910

The Administrative and Fiscal Management of the Telegraph System in the State of Santander, 1865-1910

Roger Pita-Pico ^*

^* Magíster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana. Secretario Académico de la Academia Colombiana de Historia, Bogotá (Colombia).
rogpitc@gmail.com
0000-0001-9937-0228

Recibido: 23 de marzo de 2024
Evaluado: 11 de septiembre de 2024
Aprobado: 1 de diciembre de 2024

Resumen

En el marco de la historia institucional, y con un acercamiento cuantitativo y descriptivo, este artículo examina el sistema telegráfico en el Estado de Santander entre 1865 y 1910 a través del análisis de los niveles de rentabilidad, el sistema de tarifas y franquicias, la organización de oficinas y empleados y la dotación de locales. Ante las dificultades del fisco nacional, que fue el que financió este sistema de comunicación, bastante útil resultó el apoyo económico y logístico del gobierno seccional de Santander. Adicionalmente, como alternativa se recurrió con relativo éxito a la participación del sector privado a través de la contratación administrativa de la construcción y el mantenimiento de las redes. Pese a ser un ramo que arrojaba cifras deficitarias, aun así, el Gobierno nacional afrontó la inversión que implicaba el sostenimiento de este servicio por cuanto era un bien público estratégico de control político a escala provincial, así como de garantía de la conectividad social y el desarrollo económico. Ese propósito se cumplió en el Estado de Santander en donde, pese a las interferencias políticas y a las guerras civiles, se registró una expansión sostenida del sistema de redes y oficinas telegráficas, constituyéndose en una zona de enlace entre el interior y la costa Caribe. Este trabajo se realizó con fuentes primarias como informes oficiales, compendios normativos y revistas del ramo, así como también con algunas fuentes secundarias que incluyeron estudios sobre este sector de las comunicaciones.

Palabras clave: Telégrafos; comunicaciones; manejo administrativo; financiación; Estado de Santander; siglos XIX y XX.

Clasificación JEL: H54, H76, L96, N7, R51.

Abstract

In the context of institutional history, and with a quantitative and descriptive approach, this article examines the telegraph system in the State of Santander between 1865 and 1910 through the analysis of profitability levels, the tariff and franchise system, the organization of offices and employees, and the provision of facilities. Given the difficulties of the national treasury, which funded this communication system, the economic and logistical support of the Santander sectional government was highly useful. Additionally, as an alternative, there was a relatively successful involvement of the private sector through the administrative contracts for the construction and maintenance of the networks. Despite being a branch that showed deficit figures, the national government still undertook the investment required to maintain this service, as it was a strategic public good for political control at the provincial level, as well as a guarantee of social connectivity and economic development. This goal was achieved in the State of Santander, where, despite political interference and civil wars, there was a sustained expansion of the telegraph networks and offices, making it a key link between the interior and the Caribbean coast. This study was carried out using primary sources such as official reports, regulatory compilations and industry journals as well as secondary sources with studies on this sector.

Keywords: Telegraphs; communications; administrative management; financing; State of Santander; 19th and 20th centuries.

INTRODUCCIÓN

En Colombia, el sistema telegráfico adquirió impulso bajo el régimen del liberalismo radical. Si bien durante los periodos presidenciales de Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y Mariano Ospina Rodríguez se registraron algunos intentos por implementar este sistema de comunicación (Sanclemente, 1860), fue finalmente en 1865, bajo el mandato de Manuel Murillo Toro, cuando se firmó en Nueva York un contrato para construir el primer tramo de telégrafo entre Bogotá y Puerto Nare. El propósito principal era conectar a la capital con los estados de Boyacá, Santander, Antioquia, Tolima, Magdalena, Bolívar y Cauca y, en particular, con los puertos fluviales ubicados en las tierras bajas para estimular el comercio.

En cuanto a su impacto en la economía, el telégrafo contribuyó a impulsar el modelo de producción agroexportadora del café y del tabaco, así como también a promover el proceso de industrialización. A la par del desarrollo del ferrocarril y del barco de vapor, el telégrafo se constituyó en un elemento clave para la articulación de la economía colombiana con el mercado internacional (Pinzón, 2000, p. 2).

Históricamente, intenso y crucial fue el debate respecto a quién debía operar la estructura del sistema telegráfico y, ya fuera el Estado o el sector privado, lo cierto es que ese manejo confería un gran poder estratégico (Tejada, 1996, pp. 5-6). Tal como se observa en una revisión de la experiencia vivida en varios países, el liderazgo estatal en la implantación del sistema telegráfico fue indiscutible.

En Suiza funcionaba con el auspicio estatal alcanzando un cubrimiento de seis oficinas por cada 100.000 habitantes. En Inglaterra, las primeras iniciativas corrieron por cuenta de los privados pero en 1868 este servicio fue adscrito a las oficinas de correos, logrando niveles de eficiencia (Perry, 1997). El Estado español fue el encargado de construir y explotar el telégrafo en su territorio aunque la falta de recursos, la subordinación a los intereses administrativos y la desvinculación de los objetivos del mercado fueron factores que provocaron un rezago en relación con otras naciones europeas (Calvo, 2010). En Estados Unidos, desde un primer momento el gobierno apoyó al inventor Samuel Morse en sus emprendimientos y, aunque existieron voces que consideraban que un instrumento tan poderoso debía quedar adscrito al Estado, finalmente se decidió que estuviese en manos de particulares. En Rusia y Francia se creyó que lo mejor era garantizar desde un comienzo la injerencia gubernamental en las comunicaciones a distancia (Burke & Briggs, 2002, pp. 156-164). En las postrimerías de la dinastía Qing en China, el manejo estatal mostró serias dificultades administrativas y financieras que impidieron su expansión (Yoon, 2015).

En América Latina, el telégrafo tuvo un impacto profundo pero diferenciado en virtud de las especificidades de cada país y de las relaciones con las potencias extranjeras. En el siglo XIX, la mayoría de países afrontaron un proceso de consolidación de sus Estados nación tras las guerras de independencia. En lo político, se observaban esfuerzos de centralización y consolidación del poder estatal y, en lo económico, imperaba la exportación de materias primas y la producción agrícola con una gran dependencia del capital extranjero, en medio de evidentes desigualdades sociales y económicas. En este contexto, el telégrafo se erigió como un instrumento estratégico para los gobiernos, en primera instancia para optimizar la conexión interna, pero también para asegurar la autoridad estatal en regiones que, en muchos casos, eran políticamente inestables o estaban alejadas de los centros de poder.

En México, durante las dos décadas iniciales el telégrafo fue un negocio particular hasta que en 1868 quedó bajo el control del gobierno liberal (Mendoza, 2014, p. 101). En Suramérica, Argentina y Brasil fueron los países que se ubicaron a la vanguardia en cuanto a la iniciativa estatal en infraestructura telegráfica, en ambos casos ligados al desarrollo del ferrocarril y con el propósito de lograr la integración y el control de amplios territorios y expandir la frontera agrícola y comercial (Reggini, 2012, pp. 46-48; Costa, 2009).

Aunque la construcción y operación de las primeras líneas telegráficas en Colombia estuvieron a cargo de los privados, pocos meses después el Gobierno nacional asumió el control de este servicio. Si bien este sistema innovador se gestó durante un régimen federal que concedía autonomía regional, en términos reales, los altos costos y la alta capacidad técnica que acarreaba la implantación de esta moderna red de comunicaciones impidieron que los gobiernos seccionales o el sector privado asumieran tal reto. Surgió así en el país un nuevo servicio público¹, en donde el Estado era directamente el prestador y el regulador, debiendo garantizar los principios de continuidad, regularidad y uniformidad del servicio (Moreno, 2018, pp. 252-253).

Mediante resolución del 26 de mayo de 1866, el secretario de Hacienda y Fomento de la Unión instó a cada Estado para que se encargara de contratar la construcción de las líneas telegráficas que pasaran por sus territorios. En realidad, Antioquia fue el único Estado que se lanzó con relativo éxito a establecer su propia red telegráfica². En el resto del territorio nacional fue el Gobierno central el que financió y emprendió la labor de instalación de las redes y la reparación técnica.

Durante el federalismo se buscó configurar un nuevo orden político que marcara una ruptura con las instituciones fiscales heredadas del periodo colonial. Además de esto, se fortalecieron las finanzas públicas del nivel central y de los Estados, especialmente en la década de 1870 (Kalmanovitz & López, 2010, p. 255). Al ser Santander el territorio donde más se arraigó el liberalismo radical, esto hizo que contara con el apoyo político y económico permanente del gobierno federal.

En 1870 el Estado de Santander contaba con una población de 425.427 habitantes y estaba integrado por los departamentos de Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Soto, García Rovira, Guanentá, El Socorro, Charalá y Vélez (Mantilla, 1880, pp. 36-37). Su economía se basaba en la producción de cacao, añil, café, quina, tabaco, algodón, panela, miel, mantas, colchas, sombreros y alpargatas (Moreno, 1873, p. 24).

En 1873 se dio inicio al proceso de instalación de la red telegráfica en este Estado³, que era clave para garantizar la conexión entre la zona central del país y la costa Caribe. La primera línea a cargo del contratista Demetrio Paredes⁴ fue inaugurada en 1874 y conectó a Zipaquirá con Bucaramanga pasando por Puente Nacional, Vélez, El Socorro, San Gil, Suaita, Oiba y Piedecuesta. A partir de allí, el desafío consistió en articular a través de ramales la extensa red de municipios, y el propósito adicional era garantizar la comunicación a través de líneas transversales para lo cual ese mismo año entraron en funcionamiento las líneas Bucaramanga-Cúcuta y San Gil-Zapatoca (Uricoechea, 1874, pp. 9-10; Estrada, 1875, p. 28). Así, entonces, quedó trazada la línea principal que enlazaría internamente al Estado y a este con el resto del país (Cadena, 1874, p. 28). Tras este primer impulso, Santander experimentó un proceso de expansión sostenida tanto en la construcción de oficinas telegráficas como en la instalación de líneas.

En 1886 se suscribió una nueva Constitución Política que significó el declive del régimen federal y dio lugar al régimen de la Regeneración, con una perspectiva centralista con la cual se afianzó el control del Gobierno nacional sobre el sistema telegráfico en todos los Estados que pasaron a llamarse departamentos. En este contexto, el telégrafo se erigió como un instrumento de los gobiernos de la Regeneración para apuntalar su proyecto de unificación nacional e intensificar su influencia regional (Palacios, 1995, p. 32). Desde 1888 este ramo se adscribió al Ministerio de Gobierno.

Para el ejercicio de lo público, el ramo de telégrafos significó un inmenso reto administrativo y fiscal en vista del despliegue logístico, operativo, técnico y burocrático que implicaba el proceso de instalación de redes y oficinas a lo largo del territorio nacional. En realidad, son muy escasos los trabajos de investigación sobre este sistema de comunicación pues la mayoría se han limitado a esbozar visiones panorámicas o a consignar referencias muy someras sobre cifras del flujo de mensajes y, aunque en los últimos años se han publicado algunas tesis de posgrado, siguen siendo aún escasos los trabajos que aporten luces sobre los avances de ese medio de comunicación a escala regional⁵. De manera especial, vale mencionar el trabajo de investigación de Felipe Gutiérrez Flórez, quien identifica superposiciones de los sistemas de transporte y comunicaciones, así como también núcleos de la red de comunicaciones que coinciden con las zonas identificadas como las de mayor desarrollo económico en Colombia (2012, p. 464). Específicamente, sobre el territorio de Santander no hay a la fecha ningún trabajo que revele detalles sobre el sistema telegráfico.

En vista de estos vacíos, y a manera de estudio de caso, este artículo se centra en examinar el manejo administrativo y fiscal del sistema telegráfico⁶ en el Estado de Santander entre 1865 y 1910, a través del análisis de los niveles de rentabilidad, el sistema de tarifas y franquicias, la organización de oficinas y empleados y la dotación de locales.

La metodología de este trabajo se orientó hacia un análisis histórico-institucional de datos que comprendió la recopilación y el examen de las cifras de rentabilidad, tarifas y costos operativos, así como la evolución de la infraestructura telegráfica en Santander, a través de fuentes primarias como informes de gobierno, el marco normativo, estadísticas fiscales y publicaciones de la época. El enfoque cuantitativo se complementó con un análisis cualitativo que examinó los cambios en la estructura organizativa y regulatoria del sistema telegráfico, y cómo estas transformaciones reflejaron y afectaron la rentabilidad de este ramo de las comunicaciones. Este enfoque permite evaluar las variaciones en rentabilidad y eficiencia, vinculándolas con factores económicos, políticos y sociales. Asimismo, se aborda la perspectiva comparativa entre distintos periodos y regiones, así como también con otros medios de comunicación como el servicio postal, para entender el impacto económico y administrativo de las decisiones gubernamentales en el desarrollo del sistema telegráfico y las particularidades observadas en el territorio de Santander.

En cuanto al marco teórico, historiográficamente el artículo se apoya en la corriente de la historia institucional, pues se pretende desentrañar cómo el surgimiento de una innovación en materia de comunicaciones, en el caso del telégrafo, exigió una respuesta institucional de la acción organizada del Estado teniendo como referencia el marco legal imperante y el contexto social, económico y político (Flórez, 2011, pp. 21-22).

En cuanto a teorías económicas, se tomó como base la corriente keynesiana (Petit, 2013, pp. 126-127) según la cual, la inversión en infraestructura pública, como en el caso del sistema telegráfico, fue una herramienta clave para estimular la demanda agregada y promover el desarrollo económico. El gobierno colombiano, al centralizar el control del telégrafo, buscó integrar las regiones y fomentar el comercio, generando un impacto positivo en la economía nacional. Este enfoque refleja la idea de que el Estado pudo intervenir en la economía para estimular las actividades económicas, incluso a costa de asumir déficits temporales.

Este planteamiento se complementa con la teoría de los bienes públicos, según la cual, el Estado colombiano asumió la responsabilidad de dotar al país del servicio telegráfico dentro de la función de suministrar este bien público en vista de que el sector privado interno adolecía de la capacidad de proveerlo debido a los altos costos técnicos y logísticos (Mankiw, 2007, p. 160).

ESCASOS MÁRGENES DE RENTABILIDAD

Si bien el gobierno central impulsó el proceso de instalación de la red telegráfica en los Estados de la Unión, los gobiernos seccionales se redujeron a apoyar el plan de expansión de manera esporádica y marginal, conforme a sus posibilidades fiscales. Ese control ejercido por el Ejecutivo nacional sobre este ramo de las comunicaciones fue fundamental en medio de unas décadas permeadas por la convulsión política y los efectos aciagos de las guerras civiles⁷.

En un contexto de restricciones presupuestales inmensos eran los gastos que acarreaba el montaje y funcionamiento de las redes y oficinas telegráficas, y los costos de las reparaciones técnicas también eran elevados, incluso se debían adquirir en Estados Unidos y Europa los materiales y aparatos de punta requeridos para el servicio⁸. Así, era fácil advertir cómo el déficit de este ramo fue prácticamente la norma general aunque todo esto fue previsto por el gobierno en su afán prioritario por obtener a largo plazo beneficios para la sociedad y la economía. En 1870, por ejemplo, a tan solo cinco años de inaugurado el servicio en el país, se registraron gastos por 9.000 pesos y utilidades por 2.000 pesos, lo cual representaba un déficit de 7.000 pesos (El Telégrafo, 1908, p. XXXIV).

A pesar de esta permanente situación deficitaria, por otro lado, hay que reconocer que, al momento de enfocar la mirada sobre el producto del servicio telegráfico al compás del proceso de expansión de las líneas y oficinas, los registros a nivel nacional revelan un ritmo de crecimiento sostenido por cuanto, de 4.782 pesos obtenidos en el año fiscal 1871-1872, se pasó a 39.459 en el año 1875-1876 (Rocha, 1877, p. 38).

El margen de rentabilidad en cada Estado dependió del nivel de cubrimiento y Santander se posicionó rápidamente en los primeros lugares. Ya desde 1872, el ministro de Hacienda Aquileo Parra, quien fuera presidente del Estado de Santander y luego primer mandatario de la Unión, había vaticinado que la línea del norte que pasaba por Santander prometía ser una de las más rentables pues atravesaba uno de los territorios más poblados y prósperos de la Unión (1873, p. 47).

La Tabla 1 permite advertir cómo para el año fiscal 1876-1877 el producto total de los despachos telegráficos se ubicó en 3.927 pesos. Las oficinas que alcanzaron las sumas más altas fueron las de Cúcuta, Bucaramanga, El Socorro, Piedecuesta y Pamplona, las cuales coincidían con las ciudades más pobladas y con mayor dinamismo económico.

Tabla 1. Número y valor de los telegramas porteados en las poblaciones de Santander en el año fiscal 1876-1877

Fuente: Pinzón (1877, p. 52).

Al proyectar las cifras a través del tiempo, se observa que en este Estado el producto de las oficinas se había casi duplicado en cinco años al pasar de 1.716 pesos en 1875 a 3.956 pesos en 1880 (Galindo, 1875, p. 165; Mercado, 1880, p. 11).

Sin embargo, los enormes costos que implicaba el establecimiento del servicio telegráfico estaban muy por encima de los rendimientos derivados del despacho de mensajes. La interferencia del orden público y el abuso de la franquicia eran solo algunos de los factores que impedían obtener mayores utilidades. Las cifras reflejaban claramente esta situación por cuanto en el año fiscal 1879-1880 el ramo telegráfico en Colombia arrojó gastos por 119.004 pesos, mientras que sus ganancias apenas se ubicaban alrededor de los 34.971 pesos, lo cual significaba un déficit del 70,6% (Obregón, 1881, p. 122). Para el año fiscal 1881-1882, las rentas producidas por el servicio de telégrafos, sumadas a las de los correos, eran del orden de los 46.982 pesos, lo cual equivalía apenas al 0,8% del total de ingresos de la nación, en tanto que los gastos de ambos ramos se aproximaban a los 600.000 pesos, es decir, el 18,7% del total de erogaciones de la administración nacional, porcentaje que era superior al rubro de gastos de empleados oficiales, pero inferior al de los gastos del ejército y al de producción y recaudos de rentas (Galindo, 1883, p. 4).

Al comparar las cifras entre cada uno de los Estados de la Unión, se encuentra que en 1880 las rentas derivadas del servicio telegráfico a nivel nacional sumaban 29.907 pesos, mientras que en Cundinamarca alcanzaban los 10.350 pesos, seguidas por Santander con 9.262 pesos (Mercado, 1880, p. 9). La Tabla 2 indica que en los años siguientes esta tendencia empezó a experimentar mayores contrastes a medida que el hilo de Morse abarcaba más regiones.

Tabla 2. Renta del ramo de telégrafos entre 1882y 1884 en cada uno de los Estados de la Unión

* El bajo registro de Antioquia se debe a que este Estado manejaba su propio sistema telegráfico.
Fuente: Becerra (1884, p. 56), Mac Douall (1885, p. 113).

Al cumplirse prácticamente dos décadas de funcionamiento del servicio telegráfico, el Gobierno nacional reconoció de nuevo los inmensos costos no solo de instalación, sino también de reparación, en una cifra que se estimaba en más de 1.200.000 pesos (Becerra, 1884, p. 64).

Según los informes de la Oficina de Hacienda Nacional sobre el producto de las oficinas telegráficas en 1890, Santander aparecía superada por Cauca y por Antioquia habiendo retornado administrativamente el sistema telegráfico de este último departamento a la nación y no muy lejos estaba en cifras el Tolima. Todo esto ratifica que en estos años continuó la tendencia de equiparación de las cifras en los territorios de la zona andina a excepción de Boyacá y, en especial, la costa Caribe donde seguía siendo muy marcado el rezago.

Al momento de comparar el comportamiento de las cifras con relación al servicio de correos, se advierte que el servicio telegráfico lo superaba en utilidades pero también en gastos. En Santander, el sistema postal arrojó en 1890 ganancias por valor de 10.530 pesos y los telégrafos 24.092 pesos. Aún continuaba invariable la tendencia en las oficinas telegráficas principales que más producían, a saber: 4.503 pesos la de Bucaramanga, 2.572 pesos la de Cúcuta, 2.431 la de Pamplona, 1.988 la de Ocaña y 1.905 pesos la de El Socorro (Narváez, 1892, pp. 167, 226-227). Nótese aquí como novedad el repunte de Bucaramanga luego de haber sido elevada a capital de departamento y de haber adquirido un progresivo auge demográfico y económico. Al cabo de tres años, el sistema de correos se mantuvo estable en 10.809 pesos, mientras que los telégrafos registraron un leve aumento pues se ubicaron en 28.118 pesos. Sin embargo, el rubro de gastos en el servicio telegráfico era prácticamente el doble, con 44.782 pesos frente a 21.385 en el ramo postal (Montoya, 1894, pp. 52-53). A escala nacional, las estadísticas mantenían una tendencia similar, pues para 1895 el sistema de correos arrojaba utilidades por 120.430 pesos frente a 275.771 por concepto de telégrafos y ambos ramos alcanzaban apenas el 2,4% del total del producto bruto de las rentas nacionales (Ferreira, 1896, p. 6).

La guerra de los Mil Días, que se extendió entre 1899 y 1902, sumada a la separación de Panamá, trajo consigo un "desastre fiscal y económico". Para comienzos de 1904, los gastos militares superaban todas las entradas con que contaba el Tesoro nacional, pues se giraban 24 millones de pesos mensuales para el mantenimiento del ejército. Esto implicó una marcada reducción del gasto público y la reorganización de las rentas, lo cual incidió en la inversión destinada a la expansión y reparación del servicio telegráfico (Torres, 1904, pp. IX-X).

Después de la guerra, los esfuerzos oficiales se concentraron en la reparación y normalización del servicio telegráfico. Precisamente por estos años, resulta interesante examinar en detalle el estado financiero de una oficina en particular (Tabla 3). El 3 de julio de 1906, el inspector Zacarías Cubides realizó una visita a la agencia telegráfica del municipio de Oiba⁹, a continuación se extrae del libro de cuentas el reporte correspondiente al mes de mayo.

Tabla 3. Relación de los ingresos y egresos de la oficina telegráfica del municipio de Oiba en mayo de 1906

Fuente: El Telégrafo (1906, p. 369).

En esta sucursal se registraba un déficit mensual de 23,04 pesos y al ponderarse en ese primer semestre la cifra se ubicó en un promedio de 20 pesos.

A mediados de este año, desde Cúcuta se informó sobre el estancamiento en la rentabilidad de la oficina telegráfica en cuanto al número de telegramas y cablegramas¹⁰ enviados debido a la ampliación de las redes telefónicas¹¹ que comunicaban a esa ciudad con algunas localidades de esa zona fronteriza y con prósperos epicentros comerciales del vecino territorio de Venezuela como San Cristóbal, Rubio y Tabor (El Telégrafo, 1906, p. 404).

En la Tabla 4 puede examinarse el balance de los productos, gastos y sueldos del ramo en las principales ciudades del departamento en 1907. Lo que más vale anotar es que a lo largo de este territorio, únicamente la ciudad de Vélez fue la que reportó un ínfimo superávit mientras que el déficit era más pronunciado en El Socorro, Ocaña y Pamplona.

Para 1908, a nivel nacional, apenas 56 oficinas produjeron saldo a favor del Tesoro, aunque ninguna de ellas estaba situada en Santander (Fernández, 1909, pp. 56-57).

Tabla 4. Relación de productos y gastos de las principales oficinas telegráficas del departamento de Santander en 1907

Fuente: El Telégrafo (1908, pp. 1.116-1.132).

Al momento de hacer el cómputo para el año siguiente en todas las poblaciones de este departamento, se tiene que las únicas que registraron superávit fueron Málaga con 128 pesos, Puerto Wilches con 127¹² y nuevamente Vélez con 31 pesos; el resto de 45 poblaciones arrojó pérdidas. En total, fueron 286 pesos de ganancias frente a 24.181 pesos de déficit, las que más pérdidas registraron fueron las de Bucaramanga con 2.923 pesos y El Socorro con 8.360 pesos. Al momento de contrastar con las estadísticas reportadas en el ámbito nacional, se infiere que las utilidades en Santander no fueron tan significativas pues se ubicaron en promedio en 1,16% frente a un 9,38% en todo el país (Revista Postal y Telegráfica, 1910, pp. 2.374-2.395).

Al examinarse el número y valor de telegramas porteados transmitidos y recibidos en 1908 en las principales poblaciones (Tabla 5), Bucaramanga seguía a la cabeza de este movimiento de despacho de mensajes.

Tabla 5. Número y valor de telegramas porteados en 1908 en las principales ciudades del departamento de Santander

Fuente: El Telégrafo (1909, pp. 1.543-1.557).

Si se establece una relación comparativa para examinar el comportamiento de despachos en las principales ciudades de Colombia, puede percibirse que la mayoría de las que lograron repuntar en las cifras se localizaban en la región andina, a excepción de las ciudades portuarias de Barranquilla y Cartagena (Tabla 6). Al menos seis localidades santandereanas figuran en ese ranking, lo cual era una muestra fehaciente del arraigado uso de este sistema de comunicación, principalmente como instrumento para apalancar la economía regional.

Tabla 6. Número de telegramas transmitidos y su valor registrado en 1909 en las principales ciudades de Colombia

Fuente: El Telégrafo (1911, pp. 2.501-2.514).

A escala nacional, el producto de los envíos de telegramas pasó de 256.813 pesos en 1892 a 1'351.479 pesos en 1920, es decir, se multiplicó casi por cinco (García, 1928, p. XLI). Sin embargo, el déficit que generaba el ramo al Tesoro Nacional seguía siendo evidente en los años siguientes, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en enero de 1929 el 81% de las oficinas en Colombia intercambiaban menos de 50 telegramas al día (García, 1929, p. 73).

EL DEBATE EN TORNO A LAS TARIFAS Y LA FRANQUICIA TELEGRÁFICA

Una queja recurrente de los usuarios en los primeros años de funcionamiento del sistema telegráfico tenía que ver con las altas tarifas de los telegramas en momentos en que aún era muy deficiente la capacidad técnica y la inmediatez del servicio. El número de palabras y la distancia del destinatario eran las dos variables principales empleadas para calcular el valor por pagar.

En 1865, fecha en la que se trazó la primera línea en Colombia, se estipuló a nivel nacional que, por un despacho que no excediera las 12 palabras se cobrarían 80 centavos, y por cada palabra adicional, 5 centavos (El Gráfico, 1923, p. 613). Se consideraba que estos eran unos valores justos, no muy distantes de los que regían en Estados Unidos, pues el propósito era popularizar el uso de este elemento de comunicación. Para 1871, y precisamente con el ánimo de que el servicio fuese más asequible para el común de las gentes, el precio de los telegramas se rebajó a la cuarta parte, a razón de 10 centavos por cada palabra, tasa inferior a la que estaba vigente en Inglaterra en donde un despacho de esa misma extensión costaba un chelín. Esta medida permitió que en el trimestre siguiente se cuadruplicara el flujo de telegramas, con lo cual fue factible cubrir todos los gastos del ramo y obtener una corta utilidad. Al año siguiente, el ministro de Hacienda Salvador Camacho Roldán defendió la necesidad de mantener tarifas uniformes y bajos precios en los despachos, especialmente por el imperativo de estimular la conectividad en un país como Colombia, acostumbrado al aislamiento, en el que los caminos estaban fuera del alcance de las clases pobres y en el que los correos eran lentos y poco frecuentes (El Telégrafo, 1908, pp. XIII, XXXIII-XXXVI).

El debate sobre el régimen tarifario también se palpó a escala regional. En septiembre de 1874, la Asamblea Legislativa del Estado de Santander expresó su inconformismo sobre las altas tarifas e instó a las asambleas de Boyacá y Cundinamarca para que se adhirieran a este clamor. No compartían los argumentos esgrimidos por el Gobierno nacional de tener que recompensar los ingentes gastos hechos en el establecimiento de este sistema, de la posibilidad de obtener más rendimientos y del beneficio de la descongestión en el servicio gracias al moderado uso por parte de los particulares. Por ello, se insistió en que se estipulara una tarifa acorde al contexto social y económico regional:

El telégrafo ha venido a ser una necesidad social de primer orden entre nosotros, que es preciso dejar al alcance de todos, no haciéndolo gravoso ni repulsivo a los pueblos al convertirlo como se pretende, en un monopolio i en un negocio de lucro; mucho menos si se atiende a que ni los correos ni el servicio telegráfico son negocio lucrativo i de especulación de los gobiernos en ningún país del mundo, sino un servicio que la sociedad sostiene i costea para mantener aseguradas las comunicaciones i las relaciones de todo linaje en todo Estado bien constituido. (Gaceta de Santander, 1875, p. 13)

Al parecer, estas inquietudes surtieron efecto por cuanto el Gobierno nacional, por decreto promulgado en 1876, fijó un alivio tarifario e incorporó la longitud de la línea como factor interviniente: 20 centavos por telegrama de una a diez palabras a la distancia de 20 leguas y 2% centavos más por cada palabra y por cada 10 leguas de aumento (Rocha, 1877, pp. 42-43).

Ante la avalancha de reclamos suscitados por esta nueva modalidad de cobro, el gobierno dictó otro decreto en 1881 mediante el cual redujo a 10 centavos el precio de cada telegrama de 10 palabras sin importar la distancia, cobrándose 10 centavos más por cada 5 palabras adicionales. Sin embargo, la renta decayó pues no aumentó el número de telegramas tal como se esperaba y hubo necesidad de elevar la tarifa a 20 centavos por cada mensaje de 10 palabras (El Telégrafo, 1908, p. XCIV).

A pesar de los logros alcanzados en cuanto a la reducción tarifaria, de todos modos a comienzos del siglo XX se seguía comparando a Colombia con otros países en donde era más módica la tasa; sin embargo, lo que explicaba esta situación era que a nivel interno se pagaba un valor uniforme de dos centavos por palabra sin importar la distancia del despacho. Se aducía además el hecho de que una tarifa más barata podía tener impacto en una mayor congestión y traumatismo en el sistema, en especial en la línea del norte que conectaba a Bogotá con la costa Caribe y que atravesaba el territorio de Santander, la cual registraba una masiva afluencia de mensajes sobre actividades económicas estratégicas como las salinas, las aduanas, las empresas de navegación del río Magdalena y los puertos marítimos.

Las autoridades del ramo señalaban cómo, paradójicamente, los comerciantes eran los que propendían por un descuento, siendo ellos los que más hacían uso del servicio. Una eventual depreciación de la tarifa incidía también en las rentas del ramo, pues para 1909 lo producido por el envío de telegramas en todo el país arrojó 290.482 pesos, lo cual no alcanzaba ni siquiera para cubrir la totalidad de los sueldos de los empleados (El Telégrafo, 1910, pp. 2.231-2.232).

Aún por encima de las oscilaciones en las tarifas, siempre resultó mucho más barato enviar mensajes por carta que por vía telegráfica, lo cual hace pensar que el sistema postal siguió siendo la opción más asequible para los sectores populares a la hora de comunicarse, aunque era mucho más demorado, pues el correo ordinario de Bogotá a Bucaramanga tardaba siete días y diez de Bogotá a Medellín. Según las tarifas que regían a escala nacional en 1917, por una carta sencilla en correo ordinario se pagaba un centavo y 5 cuando era de carácter urgente, mientras que para un telegrama se pagaban 2 centavos por palabra y ningún telegrama ordinario podía valer menos de 10 centavos aun cuando tuviese menos de 5 palabras (Roldán & Holguín, 1917, pp. 19, 55).

El otro factor que tenía una repercusión directa en la rentabilidad del ramo era la franquicia que era el beneficio de uso gratuito del servicio de transmisión de mensajes telegráficos para funcionarios y corporaciones públicas de la nación y de los Estados¹³, que en principio solo debía operar en casos de suma urgencia, cuando la tardanza por vía postal ocasionara algún perjuicio. Esta fórmula fue concebida como una compensación al gobierno por su considerable inversión presupuestal en el establecimiento del sistema telegráfico.

La Tabla 7 contiene datos cuantitativos que dan cuenta del movimiento de telegramas oficiales en Santander en el año fiscal 1876-1877. El Socorro, por ser la capital, concentraba la mayor cantidad de este tipo de despachos en su relacionamiento político-administrativo con otras oficinas gubernamentales de la región y de Bogotá, y le seguía en cifras la ciudad de Bucaramanga, que de manera paulatina había mostrado un dinamismo económico.

Tabla 7. Flujo de telegramas oficiales transmitidos y recibidos en las poblaciones del Estado de Santander en el año fiscal 1876-1877

Fuente: Rocha (1877, p. 78).

El día 12 de febrero de 1882 entró en operaciones la línea que empalmaba a Cúcuta con la red venezolana que venía por Táchira y, en un comienzo, se estableció la franquicia en los despachos de mensajes entre ambos países vecinos, pero los abusos llevaron a abolir este beneficio (Estévez, 1882, pp. 40-51).

Para el caso de Santander, los datos recopilados para el año fiscal 1879-1880 revelan un total de 67.616 despachos porteados frente a 5.816 de oficio. Es decir, mientras en este Estado el número de envíos oficiales se ubicaba en un 8,6% del total, en las cifras globales para la Unión se aproximaba al 14%. Desde luego, el Estado de Cundinamarca era el que generaba el mayor tráfico de mensajes por albergar en su territorio a la capital, Bogotá, de donde emanaba un abundante número de instrucciones a los entes territoriales (Obregón, 1881, p. 156).

La Figura 1 indica que, en el año fiscal 1882-1883, los telegramas oficiales se habían estabilizado en todo el país en un 14% del total, pero se veía con preocupación cómo esta cifra duplicaba lo registrado cinco años atrás. Fuertes críticas recayeron sobre el abuso de los funcionarios que enviaban mensajes extensos, tornándose más complicado y lento el despacho de estos porteados. De nada valían las circulares en procura de cortar esta tendencia y de conseguir que se usara un lenguaje "laconizado" o abreviado, propio de la comunicación telegráfica. Se llegó incluso a proponer la supresión de este beneficio y que se proveyera a las oficinas públicas de fondos para el porteo de su correspondencia telegráfica.

A juzgar por las cifras referidas en la Figura 1, en Santander la proporción de los mensajes oficiales se ubicaba en la mitad del promedio nacional. Al momento de desagregar la información al interior de este Estado se encuentra, por ejemplo, que en el departamento de Guanentá los mensajes de oficio eran 368 y los porteados sumaban 5.593 (Otero, 1883, p. 14).

Figura 1. Relación de telegramas porteados y oficiales recibidos en los Estados de la Unión en el año económico 1882-1883

Fuente: Becerra (1884, p. 56).

En virtud de la imperiosa necesidad que tenía el gobierno de Santander de comunicarse con el Gobierno nacional para restablecer el orden público durante la guerra civil de 1885, por decreto publicado el 26 de mayo, el presidente del Estado Narciso González Linero impartió instrucciones para exonerar de estampillas y del pago del valor correspondiente a todos los despachos telegráficos del Poder Ejecutivo y de los secretarios del Estado (Gaceta de Santander, 1885, p. 1.771).

En mayo de 1904, tras la devastación y la crisis económica derivada de la guerra de los Mil Días, el director nacional de Correos y Telégrafos, Manuel José Guzmán, emitió una circular a todos los telegrafistas de la república para que estuviesen en alerta pues se había notado que algunas autoridades locales se valían de la franquicia telegráfica de manera indebida al dirigir extensos telegramas sobre asuntos que no eran urgentes o de carácter judicial y que podían tramitarse por el servicio postal ordinario o, en otros casos, se enviaban mensajes sobre asuntos particulares como averiguar el paradero de objetos perdidos y otras tantas trivialidades, lo cual recargaba el trabajo y socavaba la renta del ramo. Así, entonces, cuando no se cumplieran con las condiciones de franquicia telegráfica, el funcionario debía enviar su mensaje cubierto con el porte correspondiente (Guzmán, 1904, p. 43).

Finalmente, por decreto del 28 de febrero de 1908, el beneficio de franquicia quedó supeditado a la previa autorización de la Presidencia de la República (República de Colombia, 1908, p. 36). En la Figura 2 puede visualizarse el movimiento de telegramas porteados el año en mención en el departamento de Santander y, al momento de contrastar los datos, se colige que el número de estos telegramas de oficio representaba un poco más de la mitad del número de mensajes porteados.

Figura 2. Número de telegramas de oficio transmitidos y recibidos en las principales ciudades del departamento de Santander en 1908

Fuente: El Telégrafo (1909, pp. 1.543-1.557).

Aún a pesar de las restricciones, hacia 1911 el director de Correos y Telégrafos Gregorio Pérez seguía quejándose de los excesos de la exención y la congestión que esto generaba, especialmente cuando había debate electoral o reunión de corporaciones legislativas (Pérez, 1911, p. 35).

REGULACIÓN DE OFICINAS Y MANEJO DE EMPLEADOS

Uno de los aspectos que más peso ejercía sobre los gastos del sistema telegráfico era la instalación y el funcionamiento de las oficinas y el pago de empleados, erogaciones que eran cubiertas por el erario nacional. En aras de la racionalización de los recursos, fue necesario realizar continuos cambios que implicaron agregaciones, fusiones o supresión de oficinas, según las circunstancias.

Para 1875 se contabilizaban 52 oficinas en Colombia y el Estado de Santander estaba a la cabeza con un total de trece. Le seguían en orden descendente Cundinamarca y Cauca con once, Tolima con nueve, Magdalena con cinco y Boyacá con tres (Estrada, 1876, p. 25).

En aras del ahorro presupuestal, se dispuso que en algunas poblaciones el servicio telegráfico estuviese unido a las agencias de Administración de Hacienda¹⁴ en donde ya estaban adscritos los servicios de correos. Esta adscripción, que se formalizó "para que con los dos sueldos se contratara a un solo funcionario", estaba vigente en Santander a comienzos de 1875 en las localidades de Vélez, Puente Nacional, Suaita, Oiba, Barichara, Piedecuesta y Chinácota.

En Pamplona, la oficina telegráfica operaba de manera independiente porque allí se recibían los correos y las encomiendas del norte y los que regresaban de Cúcuta, razón por la cual era difícil para el telegrafista atender el despacho de estas funciones sin que se congestionara el servicio al público.

De todos modos, por estos años se hizo énfasis en lo inconveniente que era la fusión de oficinas cuyos despachos no se podían hacer de manera simultánea a no ser que a las oficinas telegráficas que se unieran a las de Hacienda se les dotara de ayudante, pues el telegrafista debía permanecer cerca de la máquina para oír las llamadas de sus corresponsales y para recibir los despachos. En aras de mejorar el servicio, se sugirió la separación absoluta de dichas oficinas o que, por lo menos, el Poder Ejecutivo autorizara la unión solo en los casos en que fuera estrictamente necesario (Estrada, 1875, pp. 18-19).

Debido a la complicada coyuntura económica experimentada al término de la guerra civil de 1876, y ante los inmensos gastos que acarreaba el mantenimiento del orden público, las autoridades del ramo promulgaron algunas disposiciones tendientes al ahorro. En enero de 1877, cuando había en Santander sendas Administraciones Principales de Hacienda en El Socorro y Cúcuta, nueve Administraciones Subalternas y unas pocas oficinas telegráficas (Pinzón, 1878, p. 3), el director nacional de Correos y Telégrafos, Roberto Rocha Gutiérrez, abogó por que se fusionaran en una sola las oficinas telegráficas y las subalternas cuando los rendimientos de unas u otras fueran tan exiguos que no alcanzaran a cubrir al menos su sostenimiento. Al mes siguiente su sucesor, Flavio Pinzón, decretó la suspensión temporal de las oficinas que no fueran indispensables para el servicio eficaz y oportuno (1877, p. 49; Diario Oficial, p. 4.598).

Fue imperioso implementar algunas medidas adicionales para optimizar y racionalizar el servicio como el uso de abreviaciones. Por estos años, los empleados comenzaban labores a las ocho de la mañana y, entre el telegrafista y el ayudante, debían alternarse para estar siempre al frente de la máquina, con la responsabilidad de evacuar todos los mensajes represados, así esto les implicara trabajar de noche (República de Colombia, 1881, pp. 125-132).

Según el Código Penal de 1890, el empleado telegráfico que abusara de sus funciones interrumpiendo maliciosamente algún despacho o que se abstuviera de enviarlo o se atreviera a publicar su contenido, sería inhabilitado perpetuamente para obtener cargo público y pagaría una multa de 20 a 200 pesos (Bernate & Sintura, 2019, p. 72). Además de atender las exigencias inherentes a su cargo, el grado de responsabilidad de estos funcionarios era alto, pues cualquier error cometido era castigado con multas pecuniarias.

En momentos en que en Santander había ya un total de 20 oficinas telegráficas, el secretario de Fomento de la Unión, Narciso González Linero, hacía ver en 1882 que el establecimiento de nuevas oficinas debía autorizarse siempre y cuando arrojaran alguna utilidad y para ello era clave que el trazado de las líneas coincidiera con vías comerciales. Esto evitaría la apertura de oficinas "inútiles", pues las precarias capacidades fiscales del Estado central impedían llevar tan "onerosísimo servicio" a todos los puntos de la geografía nacional (El Telégrafo, 1908, p. LXXVII).

Por todo esto, se propuso suprimir aquellas oficinas que no produjeran ni siquiera la mitad del sueldo del telegrafista aunque para este año ninguna rendía lo suficiente como para sufragar tales gastos y muy contadas eran las que alcanzaban a compensar la mitad de lo que representaba mantener este servicio, incluyendo costos de escritorio, alumbrado, plumas, tinta, local, máquinas y labores de conservación de las líneas, entre otros rubros. Por estos días se denunció también que los ayudantes de las oficinas recibían un sueldo bajo, que no les alcanzaba para su propia subsistencia pese a que debían trabajar hasta por la noche y, por ello, se gestionó ante la Secretaría de Fomento un reajuste para que devengaran al menos 25 pesos o que se unificaran los salarios (Estévez, 1882, pp. 28-30). En 1885 se advirtió que las utilidades de muchas de las oficinas eran nimias y debido a esto se propuso eliminar algunas sin que esto perjudicara el servicio al público (Mac Douall, 1885, pp. 115-116).

Hacia 1891, la dirección del ramo reiteró la queja sobre el hecho de que los telegrafistas trabajaban de día y de noche supliendo con ello la deficiencia de las líneas y del servicio mismo, lo cual se consideraba una injusticia y más cuando no se les retribuía equitativamente por este esfuerzo y "rudo" trabajo (Narváez, 1892, p. 194).

A causa de la guerra de los Mil Días se implementaron varias medidas de corte fiscal, siempre en procura de lograr un equilibrio entre los gastos y el ahorro. El trabajo se redobló en muchas de las oficinas telegráficas del país, de suerte que varios empleados debieron prestar servicio por las noches para descongestionar los mensajes acumulados. Por este factor, y por los incuestionables peligros a que estaban expuestos, el gobierno decidió incrementarles en reiteradas ocasiones los sueldos, un esfuerzo inmenso en medio de un contexto generalizado de afugia fiscal e inestabilidad. En el fondo, con esta medida excepcional se buscaba afianzar en ellos las adhesiones políticas bajo el convencimiento de que eran agentes claves en estas coyunturas críticas de tensión. En aras de la austeridad fiscal, en mayo de 1901 en la oficina telegráfica de El Socorro se suprimieron las plazas de séptimo ayudante, tercer telegrafista y oficial de recibo (Diario Oficial, 1901, p. 473).

Por estos años de guerra fue evidente, además, la militarización de los empleados del ramo, lo cual incidió en que el estamento militar asumiera temporalmente algunos de los gastos administrativos del servicio telegráfico. Desde finales de 1899, el jefe civil y militar de Santander, Alejandro Peña, dispuso que en adelante el nombramiento de telegrafistas quedaría bajo su responsabilidad, y sus sueldos correrían por cuenta del presupuesto militar para lo cual cada cargo sería homologado a uno de los grados del ejército.¹⁵ Los gastos de escritorio se cubrirían también con recursos del estamento militar. A partir de septiembre de 1901 se asignó una partida para el gasto de alumbrado que mensualmente ocasionaba el servicio nocturno de las oficinas telegráficas nacionales ubicadas en aquellas poblaciones donde ya funcionaba la luz eléctrica (Gaceta de Santander, 1901, p. 90).

A comienzos de la guerra se suspendió el sistema de contratación de instalación y manejo de redes con privados, que pasó a ser administrado por el Estado central; una vez restablecida la paz, en 1906 el gobierno celebró un convenio con el contratista Francisco J. Fernández¹⁶ para la administración de todas las líneas telegráficas a nivel nacional, correspondiéndole también la responsabilidad de su reparación y conservación (1909, pp. 65-70).

En 1904, una vez culminado este conflicto militar, el director de Correos y Telégrafos, Manuel José Guzmán, hizo énfasis en las condiciones desfavorables de los empleados del ramo con relación a los de otras entidades del sector público, principalmente por carecer de pensión y por sus bajos salarios (Revista Postal y Telegráfica, 1904, p. 83).

Aunque en términos administrativos por estos años el servicio de comunicaciones ya había sido desligado definitivamente de las oficinas descentralizadas de Hacienda, ahora era mayor el dilema de si las oficinas de correos y las de telégrafos debían estar fusionadas o separadas para brindar un óptimo servicio. En 1909, en el país estaban anexadas a las oficinas telegráficas un total de 456 administraciones de correos, una asociación que se estimaba provechosa porque podían complementarse en varias funciones, especialmente en aquellas localidades con escasos recursos. Particularmente, en Santander 51 oficinas de un total de 63 estaban en esa condición.¹⁷

La llegada de innovaciones tecnológicas como los aparatos Hughes¹⁸ de marca alemana, en reemplazo de los aparatos Morse, si bien ayudó a agilizar y descongestionar el servicio, suscitó cierto escepticismo en los empleados pues se abrigaba el temor de que implicaría un recorte de personal (Fernández, 1909, p. 28).

Para 1910 podía percibirse la diferencia en cuanto al número de empleados de acuerdo al movimiento que registrara cada oficina. Así, por ejemplo, tanto en El Socorro como en Ocaña había un jefe, un subjefe, once ayudantes, un oficial de recibo y tres carteros. La suma total del pago mensual de este personal era de 863 y 851 pesos, respectivamente. En contraste, estaban las agencias pequeñas como la de Oiba que solo funcionaba con un telegrafista y un cartero (Pérez, 1911, p. 102).

Existían también diferencias notorias a escala salarial en donde incidía no solo el rango del cargo obtenido, sino también el movimiento y la importancia de la oficina. En 1906, un telegrafista en localidades principales como El Socorro, Bucaramanga, San Gil y Chinácota devengaba 60 pesos al mes, en tanto que el de Vélez percibía un sueldo de 32 pesos y, en municipios pequeños como Chitagá y Oiba, tan solo 20 pesos. A cada uno de los seis ayudantes que laboraban en El Socorro se les remuneraba con 60 pesos, pero en Vélez devengaban la tercera parte de este monto. Los dos carteros que cumplían funciones en El Socorro ganaban cada uno 15 pesos, en Vélez 4 y en Chitagá apenas 2. Los más altos salarios estaban dirigidos a los telegrafistas jefes y prueba de ello eran los 80 pesos que recibía el de El Socorro (Revista Postal y Telegráfica, 1907, pp. 35-66).

EL ARRIENDO DE LOCALES PARA OFICINAS TELEGRÁFICAS

La expansión de las redes en Santander, que había prácticamente duplicado el número de oficinas en los primeros quince años de servicio telegráfico, dio lugar a un grave dilema en cuanto al sostenimiento de estas agencias, no solo por los excesivos costos que acarreaba el proceso de instalación técnica de los aparatos, dispositivos y mobiliario, sino también por concepto de arriendos que en un principio fueron asumidos por el erario nacional.

Uno de los primeros contratos fue firmado el 21 de enero de 1876, mediante el cual el ciudadano Eusebio Mendoza ofreció en arriendo en Chinácota una pieza bien iluminada ubicada en la calle principal, a dos cuadras de la plaza, por valor de 8 pesos mensuales para que se adecuara allí la oficina telegráfica (Diario Oficial, 1876, p. 3.683). El 28 de enero de 1892, la alcaldía municipal de Cácota contrató por valor de 35 pesos con Paula Albarracín el alquiler anual del local (Santos, 1892, p. 124). Para citar una cifra a manera de referencia, se sabe que para este año se destinaron 226 pesos para pago de arriendo de algunas de las oficinas telegráficas en el Estado de Santander (Narváez, 1892, p. 210). Esta situación impulsó en 1894 al jefe de la sección nacional de Telégrafos, José Manuel Montoya, a gestionar ante el Congreso de la República la expedición de una ley que obligara a los municipios a suministrar los locales (Montoya, 1894, p. 54).

Al cabo de dos años fue denunciado el alto precio del alquiler de los locales en ciudades como Bucaramanga y, por ello, el director del ramo, Enrique de Narváez, propuso una nueva alternativa consistente en la posibilidad de que el Gobierno nacional comprara edificios apropiados para destinarlos como sedes del servicio postal y telegráfico (Narváez, 1896, p. 136). Esta idea no fue respaldada en su momento por su monto desbordado, pero fue traída de nuevo a colación en 1904, precisamente cuando la nación hacía ingentes esfuerzos para superar los daños ocasionados por la guerra de los Mil Días. Así fue como se pusieron de presente las dificultades registradas ante la necesidad de mudar constantemente de oficina, con los consabidos perjuicios para el buen servicio pues, en muchos casos, la instalación de los aparatos y el montaje técnico no se hacían convenientemente, lo cual generaba gastos adicionales al tesoro (Narváez, 1904, p. 37). En su informe, el entonces director Manuel José Guzmán puso de presente este tipo de complicaciones:

Esto trae gravísimos inconvenientes para el servicio; de ahí provendrán muchas veces los extravíos de la correspondencia, la pérdida de encomiendas y el más completo desorden en los archivos. En los cambios de las oficinas telegráficas no siempre se montan los aparatos, baterías, líneas, conductores de tierra, etc., con el cuidado que es necesario, y lejos de esto, con frecuencia una oficina muy bien montada por un empleado inteligente, cae en manos de un guarda descuidado que desbarata sin atención ninguna y luego al montar la oficina en el nuevo local, le sobran piezas y deja las conexiones flojas y sin ninguna de las precauciones que son indispensables; y en seguida vienen, como es natural, dificultades en el servicio. (Guzmán, 1904, p. 33)

Para finales de 1905, en todo el país solo las ciudades de Barranquilla, Honda y Medellín contaban con oficina propia (El Telégrafo, 1905, p. 65). De la pieza donde funcionaba por estos días la oficina de El Socorro se decía que era incómoda y no muy apta para la salud de los empleados y para el servicio de atención al público (El Telégrafo, 1905, p. 34). Finalmente, al año siguiente se logró conseguir un local ubicado en la plaza central que contaba con todas las especificidades. Este fue el reporte que hizo el 6 de julio el telegrafista Cerbeleón Puentes al administrador de Telégrafos y Teléfonos, en donde además se revelan interesantes detalles del mobiliario de estos espacios y de la cooperación espontánea de los funcionarios en el proceso de instalación y adecuación:

No podrá decirse que quedó como toda una Central de Bogotá, pero al menos tampoco creo que haya en Galán y Santander una que se le parezca en cuanto a su instalación, comodidad, etc. etc., como bien lo merece por su categoría. En la parte alta del local hay dos salones amplios y cómodos; en el primero, que está comunicado con el salón de abajo que sirve de oficialidad de recibo por medio de una escalera tendida de madera, se colocaron los aparatos; en el salón siguiente se colocaron los tres cajones que contienen las cinco baterías principales y las cinco locales reunidas para evitar de este modo la antigua costumbre de colocar debajo de cada aparato su respectiva batería local; el salón de los aparatos fue cuidadosamente alfombrado, a costa de contribución voluntaria entre casi todos los empleados de la oficina; se colocó el buzón y se tuvo el grande esmero en las conexiones del circuito, de tal suerte que no se halla en todas ellas ni un solo cruzamiento; todas en botones pequeños, torneados, colocados en listones de madera y cada listón con los botones que necesitaba, nada más. De la pieza donde están las baterías salen veinte alambres que se dirigen a los aparatos y al pie del conmutador se colocaron los tres pararrayos exteriores que reciben las seis líneas que entran a la oficina. No es, pues, ¡extraño que se hubieran invertido 600 metros de alambre aislado! El local tiene además en la parte alta dos magníficas piezas que sirven de dormitorio a los empleados, y la pieza indispensable en toda casa de habitación, también cómoda y aseada. La oficialidad de recibo se dividió en dos salones por medio de una baranda para separarlo del público, en cuya baranda se colocaron dos escritorios. Todos estos gastos, algo más de $3.000 [...] Los pararrayos (conductores a tierra) se colocaron en la misma pieza de la oficialidad de recibo; cuatro planchas de cobre dulce, nuevas, muy buenas. (El Telégrafo, 1906, p. 371)

El local era del municipio, con quien se celebró un contrato por 20 pesos mensuales que eran sufragados por el tesoro nacional.

En los meses siguientes se escucharon nuevas denuncias respecto a los altos cánones de arrendamientos, ante lo cual se optó por la alternativa de recibir de las municipalidades algunos locales a cambio de la mejora y conservación de estos espacios por parte de la Administración General del ramo; así fue como, de 460 municipios existentes en 1906 en el país, 210 suministraban locales gratuitamente (El Telégrafo, 1906, p. 56). El llamado del Ministerio de Gobierno era a que no se instalara agencia telegráfica en aquellos municipios en los cuales no hubiese expresa voluntad de los alcaldes de suministrar locales (El Telégrafo, 1906, p. 429).

Hacia el año de 1908, la Administración de Telégrafos y Teléfonos instó nuevamente a los inspectores para que entraran en contacto con los alcaldes y concejos municipales con el fin de conseguir un local exclusivo y permanente para el servicio telegráfico (El Telégrafo, 1908, p. 1.082). En la Tabla 8 está el registro del valor del arriendo en 15 poblaciones del departamento de Santander en el año de 1909, lo cual arrojó un total de 925 pesos por este concepto.

Tabla 8. Valor del arriendo de locales para oficinas telegráficas en las poblaciones del departamento de Santander en 1909

Fuente: El Telégrafo (1910, pp. 2.374-2.395).

En realidad, para este año eran muy pocos los locales comprados, como eran los casos de Ocaña y Bucaramanga, y se tenía proyectado adquirir algunos en otras ciudades (Fernández, 1909, pp. 29-30). En 1910, el Congreso redujo las partidas del fisco nacional dirigidas a este tipo de alquiler, ante lo cual el administrador de Telégrafos y Teléfonos Nacionales, Francisco J. Fernández, instó a los municipios a comprometerse con el sostenimiento de las oficinas (El Telégrafo. 1910, pp. 1.990-1.991).

En 1912, según reportó el director de Correos y Telégrafos, Gregorio Pérez, ya la mayoría de locales en Colombia eran suministrados por los municipios, especialmente en aquellos lugares en donde el telégrafo ofrecía escaso rendimiento. Según se reconoció en ese momento, eran oficinas "pobremente instaladas" (Revista Postal y Telegráfica, 1912, p. 209). En términos generales, esta tendencia se conservó en los años siguientes, pues en 1919 había en todo el país 421 locales suministrados por los municipios, 19 locales nacionales, 9 locales particulares y 4 departamentales (Morales, 1919, p. 25). No fue sino hasta 1927 y 1932 cuando finalmente el gobierno autorizó la construcción de edificios públicos que combinaban el servicio de correos y telégrafos en ciudades principales como Cúcuta y Bucaramanga, respectivamente (Ministerio de Correos y Telégrafos, 1945, p. 343).

A MANERA DE COROLARIO

Los altos costos de los materiales y del montaje de las redes y oficinas telegráficas, así como los elevados gastos de la capacitación técnica, eran solo algunos de los factores que acarrearon crecientes compromisos presupuestales para el Gobierno nacional de Colombia en su intento por mantener este sistema de comunicación.

No obstante, pese a ser un ramo que por lo general arrojaba cifras deficitarias, aun así, el Gobierno nacional afrontó la inversión que implicaba el sostenimiento de este servicio por cuanto era un factor estratégico de control político a escala local y provincial y, además, era clave para propiciar el andamiaje institucional que garantizaba la circulación rápida, segura y creíble de información en torno a promover el desarrollo económico y los negocios en momentos en que el reto era construir un mercado nacional.

Pese a todas las dificultades, el Estado de Santander fue uno de los marcos territoriales que logró un progresivo crecimiento de la red y del número de oficinas telegráficas¹⁹, así como del producto derivado de los despachos de telegramas, lo cual era una constatación de la importancia de este eje territorial de conexión entre el centro del país, la costa Caribe y la zona fronteriza de Venezuela. De esta forma, el telégrafo se constituyó en un factor de integración geográfica al vincular centros poblados apartados a la economía regional.

Aspectos como el régimen tarifario del sistema telegráfico no solo tenían que ver con el cálculo económico, sino que además entrañaban una marcada incidencia social. Aunque la tendencia en estos años en Colombia apuntó hacia la disminución de esta tasa en respuesta al clamor popular y a algunos sectores liberales que exigían un acceso más democrático, no dejaron de persistir serios cuestionamientos a esta medida gubernamental pues vulneraba las utilidades y la eficiencia del servicio. Sin embargo, hay que tener presente que, en comparación con este sistema de control y regulación estatal, más restrictivo pudo ser el acceso cuando el telégrafo estaba bajo la égida monopolística y el esquema tarifario de empresas extranjeras, tal como lo demuestran algunos casos concretos ocurridos en Brasil y Perú.

El otro factor que generó un impacto negativo en la sostenibilidad económica del telégrafo fue su uso intensivo por parte de los empleados públicos que contaban con el derecho de franquicia para el despacho de mensajes. Ante esto, el Gobierno nacional exploró medidas de control aunque con resultados poco satisfactorios, especialmente en coyunturas de agitación política o de orden público. En ese sentido, la franquicia puede entenderse como una externalidad negativa dentro del marco institucional, donde las reglas formales expresadas a través de la franquicia estatal y las prácticas informales, es decir, el uso extensivo y no regulado del servicio por parte de funcionarios, afectaron la eficiencia y rentabilidad del sistema. En tal sen­tido, las instituciones no lograron alinear los incentivos para promover un uso más eficiente del servicio.

Los esfuerzos oficiales en procura de la sostenibilidad del ramo también se concentraron en la reorganización interna de las oficinas, en algunas ocasiones fusionadas con el servicio postal. Ante las afugias del fisco nacional, bastante útil resultó el apoyo del gobierno seccional de Santander en el suministro de locales y de algunos elementos que ayudaron a complementar los esfuerzos del Gobierno central. Adicionalmente, como alternativa se recurrió esporádicamente a la participación del sector privado a través de la contratación administrativa de la construcción y el mantenimiento de las redes.

No hay duda de que el sistema telegráfico resultó ser sumamente frágil ante las continuas interferencias sociales y políticas. Notorio fue el impacto de las beligerancias partidistas y de las guerras civiles en el manejo administrativo y fiscal de este ramo de las comunicaciones, especialmente en Santander, ante lo cual se requirió de denodados esfuerzos logísticos y financieros para la reconstrucción del sistema de redes y oficinas.

Los resultados muestran que, aun cuando el sistema telegráfico en Santander creció bajo un modelo centralizado, la falta de rentabilidad fue una constante. Desde la perspectiva keynesiana, el déficit que generó este sistema puede interpretarse como un esfuerzo estatal para generar demanda agregada e impulsar el desarrollo económico a través de la inversión en capital social e infraestructura en un contexto de baja participación privada. La lógica era que, aunque a corto plazo los beneficios no eran perceptibles, en el largo aliento esta inversión podría redundar en beneficios al mejorar la conectividad y el comercio, estimulando la economía nacional y, a la vez, sirviendo de base para la implementación de otras tecnologías de punta en materia de telecomunicaciones.

Aunque desde el paradigma de la economía neoclásica el Estado colombiano, como administrador del sistema telegráfico, no tenía los mismos incentivos que los agentes privados para maximizar la eficiencia, minimizar los costos y asegurar la competitividad, fue incuestionable el papel asumido por la administración del ramo para mantener en funcionamiento el servicio, particularmente en Santander que fue un territorio bastante convulso en cuanto a la alteración del orden público. Ningún operador privado podía estar dispuesto a asumir los desbordados costos de los daños ocasionados por las guerras civiles. Sin embargo, esa estatización del servicio trajo consigo algunos problemas como el de la politización de la burocracia.

Quizás un enfoque institucional más flexible, con una mayor participación de actores privados y gobiernos locales, hubiera generado un sistema más adaptado a las realidades económicas y tecnológicas de cada región. Pero lo cierto es que la experiencia observada en Santander demostró tempranamente cómo, en medio del agitado contexto político, las instituciones estatales tenían el reto de diseñarse para maximizar los incentivos positivos y reducir las barreras que frenaban la innovación y la tecnología en infraestructuras críticas como las telecomunicaciones. Ya por esos años se podía advertir cómo este sector era un bien público estratégico que debía gestionarse con criterios de eficiencia económica y equidad social para maximizar su impacto positivo en la economía y en la cohesión territorial.

En las décadas posteriores del siglo XX, la tendencia en Colombia fue la evolución hacia un modelo de liberalización en materia de telecomunicaciones, en el que el Estado fue abandonando paulatinamente sus funciones como operador, limitándose a ser regulador del sector, al tiempo que los privados fueron asumiendo cada vez más el manejo y la operatividad de este servicio (Tabarquino, 2022; Aldana & Vallejo, 2010).

Sin embargo, a nivel mundial puede observarse en las últimas décadas una dinámica fluctuante en el manejo de este sector de las telecomunicaciones y en los términos de la ecuación de injerencia del Estado y el sector privado, percibiéndose en algunos casos movimientos cíclicos y redefiniciones del papel estatal (Katz, 2009).

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

El autor declara no tener ningún conflicto de intereses.

AGRADECIMIENTOS Y FINANCIACIÓN

Este artículo es derivado del proyecto de investigación "El impacto social y cultural del sistema telegráfico en Colombia, 1865-1950", desarrollado por el autor, quien agradece el apoyo brindado por la Academia Colombiana de Historia.

NOTAS

¹ El inicio de los servicios públicos en Colombia se ubica formalmente en el último cuarto del siglo XIX, al compás con los cambios sociales, económicos y demográficos que experimentó el país y, además, bajo un novedoso factor que fue la introducción del capital privado (Rey et al., 2012, pp. 87-89).

² Sin embargo, este experimento de manejo administrativo y financiero autónomo a escala regional del telégrafo no duró más de dos décadas, pues finalmente tanto la red como toda la infraestructura instalada quedó bajo el control de la nación (Alzate, 1999, pp. 45-49).

³ Hay registro de un antecedente fallido y fue la iniciativa planteada en la Ley XVI del 5 de noviembre de 1866, expedida por la Asamblea del Estado, que autorizaba al presidente Victoriano de Diego Paredes a impulsar, conjuntamente con los Estados de Cundinamarca y Boyacá, la construcción de una línea entre Bogotá y Cúcuta (citado en Pinzón, 2000, p. 30).

⁴ Demetrio Paredes fue pintor, fotógrafo, contratista telegráfico, educador, traductor y empresario. Sobre su multifacética trayectoria, véase Schuster & Neva (2022, pp. 69-93)

⁵ Véanse Herazo (2010) y Montañez (2012).

⁶ Sobre el caso de España, véase Olivé Roig (2004).

⁷ Sobre esta temática, véase Pita (2022).

⁸ En 1881, el gobierno de la Unión importaba materiales telegráficos y herramientas a través del comisionado Guillermo Caicedo y con el apoyo de los consulados de Nueva York, Londres y París. Entre los elementos adquiridos figuraban los siguientes: alambre de línea, aisladores Siemens, máquinas de traslación Breguet, máquinas de circuito abierto Chester, pilas Leclanché y Bunsen, pilas de bicromato, bobinas, ácido sulfúrico, electróforos, botellas de Leyde, electroscopios, voltámetros, galvanómetros, brújulas, pararrayos, timbres eléctricos, máquinas Morse y manipuladores Morse, entre otros (Estévez, 1881, pp. 85-89).

⁹ Municipio ubicado en la provincia de Vélez.

¹⁰ Telegramas transmitidos a través de cables submarinos.

¹¹ En momentos en que el sistema telegráfico cubría con sus oficinas y redes buena parte del territorio de Santander, emergió el teléfono como nueva alternativa en comunicaciones. Sin embargo, el tendido de sus redes fue mucho más lento y, a diferencia del servicio telegráfico, se establecieron empresas locales que respondían a iniciativas privadas, especialmente de comerciantes e industriales. Además de la empresa telefónica de Cúcuta, funcionaba otra en Bucaramanga (Camargo, 2009, p. 403).

¹² Este activo movimiento de despachos telegráficos de esta población, ubicada a orillas del río Magdalena, está asociado al funcionamiento del ferrocarril del Norte que conectaba a esta localidad con Bucaramanga y sobre la cual se construyó una línea telegráfica (Carreño, 1882, p. 61).

¹³ Según el decreto orgánico de organización del sistema telegráfico promulgado el 20 de abril de 1876 por el presidente de la Unión Aquileo Parra, eran libres de porte los telegramas de interés público nacional o seccional dirigidos por el presidente de la Unión y sus secretarios, el director de Correos y Telégrafos, los presidentes de los Estados, el comandante general de la Guardia colombiana, los jefes de cuerpos militares en guarnición, los prefectos y jefes de departamentos en los Estados, los presidentes de las Asambleas Legislativas, la Corte de Justicia, los tribunales y juzgados de los Estados, los administradores principales y subalternos de Hacienda Nacional, los directores de Instrucción Pública de los Estados y los telegrafistas, inspectores y contratistas del ramo (Dirección de Correos y Telégrafos, 1876, pp. 30-33).

¹⁴ Estas oficinas ejercían en los Distritos de Hacienda formados en cada Estado las mismas funciones que la Tesorería General en lo concerniente al pago de los gastos nacionales que debían hacerse en el distrito, administraban y recaudaban las rentas de correos, timbres, estampillas y bienes nacionales (Gutiérrez, 1860, p. 9).

¹⁵ Así, por ejemplo, en El Socorro el jefe de la oficina fue asimilado al grado de sargento mayor y los ayudantes a subtenientes (Gaceta de Santander, 1900, pp. 5-6).

¹⁶ Francisco J. Fernández fue telegrafista de San Gil, Bucaramanga y Zapatoca y, posteriormente, inspector, visitador y constructor. Fue el principal empresario y administrador del sistema telegráfico en Colombia (El Telégrafo, 1906, p. 223).

¹⁷ Estas oficinas eran las de Aspasica, Barbosa, Barichara, Betulia, Bochalema, Bolívar, Cácota, Cachirí, Cáchira, Capitanejo, El Carmen, Concepción, Contratación, Cucutilla, Charalá, Chima, Chinácota, Chitagá, Encino, Floridablanca, Galán, Girón, Guaca, Guadalupe, Guapotá, Gramalote, Jesús María, Labateca, Lebrija, Los Santos, Málaga, Matanza, Mogotes, Mutiscua, Onzaga, Oiba, Puerto Wilches, Piedecuesta, Rionegro, Villa del Rosario, San Andrés, California, San Vicente de Chucurí, Silos, Simacota, Suaita, Suratá, Teorama, Toledo, Tona y Vélez (Fernández, 1909, p. 55-56).

¹⁸ El sistema Morse transmitía en promedio 100 letras por minuto, mientras que el aparato Hughes no solo era tres veces más veloz, sino que transmitía 260 letras en un minuto.

¹⁹ Para 1928, en Santander del Sur había 90 oficinas y 416 km de redes telegráficas (García, 1928, p. 38).

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