10.14718/revfinanzpolitecon.v17.2025.9
Artículo de Investigación
© 2025 Universidad Católica de Colombia.
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10.14718/revfinanzpolitecon.v17.2025.9 Artículo de Investigación |
Harleih Fabricio Mier-Goyes 1
Katherin Julieth Ruales-Suárez 2
1 Magíster en Finanzas, Universidad de Nariño, Pasto (Colombia). Gobernación de Nariño.
fabriciomiergoyes@gmail.com.
https://orcid.org/0000-0002-6777-863X
2 Magíster en Finanzas, Universidad de Nariño, Pasto (Colombia). Universidad de Nariño.
juliethrs2320@gmail.com.
https://orcid.org/0000-0001-6853-4728
Recibido: 28 de mayo de 2024
Evaluado: 15 de septiembre de 2024
Aprobado: 1 de diciembre de 2024
Resumen
Este artículo analiza la brecha de género en la inclusión financiera (IF) de América Latina y el Caribe (ALC), entre 2011 y 2021, a partir de la revisión de literatura y la estimación de modelos logísticos, con base en datos de Global Findex para ALC. Los resultados muestran una asociación negativa entre la IF y el género, manteniendo las demás variables constantes (edad, educación, nivel de ingresos, país y año), es decir, las mujeres tienen menos probabilidades de acceder y usar productos financieros formales, lo cual sugiere que las normas sociales de género refuerzan las barreras de oferta y demanda en la IF de las mujeres. Asimismo, se observa que la digitalización financiera es un factor clave para incrementar la IF en la región; no obstante, esta digitalización parece tener un impacto más pronunciado en la tenencia de una cuenta financiera, así como en la tenencia y el uso de tarjeta débito de las mujeres.
Palabras clave: inclusión financiera; brecha de género; bancarización; pobreza; política pública.
Clasificación JEL: G20, G23, G28, O16.
Abstract
This article analyzes the gender gap in financial inclusion (FI) in Latin America and the Caribbean (LAC) from 2011 to 2021, based on a literature review and the estimation of logistic models using data from Global Findex for LAC. The results show a negative association between FI and gender, keeping other variables constant (age, education, income level, country, and year). In other words, women are less likely to access and use formal financial products, suggesting that gender social norms reinforce both supply and demand barriers in women's FI. Additionally, financial digitalization is identified as a key factor in increasing FI in the region. However, this digitalization appears to have a more pronounced impact on financial account ownership, as well as on the possession and use of debit cards by women.
Keywords: Financial inclusion; gender gap; banking; poverty; public policy.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en el estudio de uno de los factores que posibilitan la participación de la mujer en la economía: la inclusión financiera (IF), entendida como la oportunidad de acceder al sistema financiero, y contar con al menos uno de los servicios o productos que este ofrece, ya sea de ahorro, crédito, inversión o seguros, hecho que se vincula, de manera directa, con la titularidad de sus activos, su independencia económica y la oportunidad de trabajar por su cuenta; en otras palabras, la importancia de propiciar espacios de participación femenina en el sector financiero radica en que este hecho está directamente asociado con la incorporación de la mujer en la economía productiva (ONU Mujeres, 2021).
La IF ha sido catalogada por Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como un medio para eliminar la pobreza, la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los más pobres y su bienestar. Este medio posibilita, según Escobar et al. (2022), promover el emprendimiento y la independencia económica de las mujeres, su desarrollo integral y la toma de sus propias decisiones, propiciando alternativas de mejoramiento para sí mismas y para los territorios donde residen.
De acuerdo con Vega (2020), en el año 2020, el 70% de las personas pobres en el mundo eran mujeres, y una de cada cinco niñas vivía en condiciones de pobreza extrema, es decir, pertenecía a hogares que sobreviven con menos de 1,9 dólares al día. La dificultad en el acceso a educación, salud y otros factores inherentes al desarrollo y bienestar de las personas hace que las mujeres sean el rostro de la pobreza a nivel mundial y la IF es un tema clave para mitigar dicha condición.
En América Latina y el Caribe (ALC), el acceso al sistema financiero formal de las mujeres es menor al de los hombres: tan solo el 49% de las mujeres poseen una cuenta en alguna institución financiera, el 11% genera algún tipo de ahorro y el 10% tiene acceso al crédito, mientras que, para los hombres, dichos porcentajes se ubican en el 54, 16 y 13%, respectivamente (Banco de Desarrollo de América Latina, 2018). Esta situación es negativa para las mujeres, puesto que les impide participar activamente de las esferas económica y social, lo que limita su desarrollo de capacidades, empoderamiento, autonomía e independencia económica.
El acceso y uso de los productos financieros no es homogéneo entre países ni en el interior de ellos, como tampoco entre individuos, ya que el crecimiento económico, la profundidad financiera, el marco regulatorio, la oferta de productos financieros y la confianza en dichos sistemas, a nivel agregado; y la escolaridad, el lugar de procedencia, la edad, la situación laboral, el nivel de ingresos, la cultura y el género, entre otros, a nivel individual, son factores que ocasionan diferenciales de IF, entre países, regiones y grupos poblacionales, especialmente, entre hombres y mujeres (Banco Mundial, 2022).
La literatura ha documentado que las mujeres son un grupo social que sufre de exclusión financiera pues, con respecto a los hombres, tienen menor acceso y utilizan menos productos y servicios financieros, particularmente en países en desarrollo. Además de las barreras de oferta y demanda en acceso al sistema financiero formal, las mujeres enfrentan mayores barreras económicas y sociales que limitan su libertad económica y sus oportunidades de desarrollo (CAF, 2018; ONU Mujeres y HIAS Ecuador, 2020; Escobar et al., 2022).
Frente al acceso y uso desigual de productos financieros entre hombres y mujeres, las autoridades financieras y los organismos internacionales han logrado aproximarse a los factores que explican las brechas de género en la IF, sugiriendo que existen componentes tanto de oferta como de demanda. En cuanto a la oferta, se hallan los costos de transacción, el alto riesgo financiero y sesgos contra la mujer originados por las normas sociales vigentes en cada contexto espacial y temporal, que dan lugar al racionamiento del crédito y la discriminación directa o indirecta en contra de las mujeres (Escobar et al., 2022).
La discriminación indirecta es ejercida por las entidades financieras, o desde el lado de la oferta, cuando muestran el poco interés por aprovechar la información desagregada según género, para desarrollar productos financieros ajustados a las características y preferencia de las mujeres (Toronto Centre, 2019). Por su parte, la discriminación directa se presenta cuando las entidades financieras pueden obstaculizar el acceso y uso de productos financieros de las mujeres dadas las normas sociales de género prevalecientes en el contexto como, por ejemplo, la estigmatización de las habilidades económicas de las mujeres, el rol de madre trabajadora, así como las cargas domésticas y de cuidado asumidas por las mujeres (World Economic Forum, 2019).
Del lado de la demanda, las barreras de la IF de las mujeres estarían dadas por los bajos ingresos, la falta de participación laboral, la baja tenencia de propiedad, colaterales o garantías insuficientes como la baja titularidad de activos o la ausencia de contratos, la carga de trabajo doméstico y de cuidado (Ramírez et al., 2015), el empoderamiento, el poder de toma de decisiones en el manejo financiero del hogar, el bajo nivel educativo, la falta de capacidad financiera, la confianza en las instituciones financieras y la actitud frente al riesgo (Roa, 2021); así como las barreras culturales y sociales que imponen restricciones a las mujeres para participar en condiciones de igualdad de las actividades económicas y sociales, lo que limita su accesibilidad a las sedes físicas de las entidades financieras (Demirgiiç et al., 2013).
De ahí que la proporción de hombres que ahorran en instituciones financieras formales, usen las tarjetas de débito y de crédito para la realización de pagos y manejen los servicios ofrecidos de forma electrónica sea mayor que la de mujeres, por lo que la región tiene el enorme desafío de incrementar la IF del género femenino y diseñar políticas que tengan en cuenta sus necesidades, las barreras por las que atraviesan y sus preferencias.
Con base en lo anterior, el planteamiento principal de esta investigación es analizar la IF y su relación con la brecha de género en ALC para el periodo 2011-2021, a partir de la medición sus efectos y la identificación de sus principales determinantes, teniendo en cuenta que, a través de la historia, esta brecha se ha reflejado a nivel global tanto en el ámbito social como en el económico y cultural, hecho que las economías del desarrollo, particularmente, no logran superar.
Esta investigación es una contribución al estudio de las brechas de género en la IF en ALC, ya que son muy pocas los estudios en esta temática que se han desarrollado a nivel de región a partir del uso de información actual (Roa, 2021, p. 5; Romero et al., 2022, p. 8).
MARCO TEÓRICO
Desigualdad de género
Para el Banco Mundial (BM) (2022), la IF representa un elemento catalizador de la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida, así como un vehículo para poner fin a la pobreza extrema en el año 2030, por lo cual ha sido identificado como un habilitador para siete de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ONU Mujeres (2021) afirma que las inequidades de género se manifiestan en cada una de las dimensiones de los ODS, hecho que se vuelve crítico si se considera que las mujeres representan más del 50% de la población mundial y, por lo tanto, más de la mitad del potencial humano, pues el empoderamiento de la mujer, más que ser bueno por sí mismo, desde una visión ética al incidir en su bienestar, trae consigo efectos positivos para la sociedad en su conjunto (ONU Mujeres, 2021).
Los gobiernos, las organizaciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, juegan un papel importante a la hora de establecer políticas que promuevan la inclusión financiera, especialmente para las poblaciones históricamente excluidas.
En ese sentido, los bancos centrales, como autoridades monetarias de los países y responsables de la estabilidad del sistema financiero, también hacen parte fundamental de la configuración de un sistema incluyente, "a fin de superar cualquier obstáculo que desde la actuación de las instituciones públicas limite el acceso de las mujeres al financiamiento de manera directa o indirecta; asimismo, tienen el reto de desplegar medidas orientadas a la educación financiera desde la niñez" (CAF, 2018), teniendo en cuenta las características de cada género y todas las actividades económicas en las que se desempeñan las mujeres.
A pesar del incremento significativo de la participación de las mujeres en los distintos ámbitos sociales y económicos, en la actualidad siguen enfrentando desigualdad y discriminación, hecho que se deriva de la construcción histórico-cultural que asignó roles a la mujer, a partir del carácter reproductivo de su cuerpo (Ramos y Bolívar, 2020), y a lo que se ha denominado normas sociales de género, definidas como aquellas reglas o normas implícitas e informales que un grupo social o el conjunto de la sociedad siguen en cuestión de roles de género, en contextos sociales determinados (Harper et al., 2020).
La construcción histórica de la discriminación femenina, la desigualdad estructural y la indiferencia con sus necesidades ha hecho que la pobreza se manifieste en un mayor grado sobre ellas, causando mayor marginación y exclusión, pues afectan desproporcionadamente a las mujeres, en particular a las niñas, contribuyendo a la violación de sus derechos fundamentales como educación, salud, seguridad, vivienda digna, independencia e incluso libre expresión (ONU Mujeres, 2021). "Estas desigualdades se caracterizan principalmente por el estatus inferior que se atribuye tradicionalmente a las mujeres, relaciones de poder desiguales, y una discriminación sistémica -social, económica y política- que afecta al conjunto de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de las mujeres" (CECI, 2019, p. 3).
Por lo tanto, el empoderamiento económico de las mujeres es fundamental para el desarrollo de los hogares y de la sociedad, pues es un motor de resiliencia en las comunidades (CECI, 2019). La pobreza estructural de las mujeres refleja de manera clara la incapacidad que tiene el sistema económico para crear un entorno favorable al acceso de los recursos, así como a las oportunidades económicas y a las alternativas de desarrollo, lo que lleva a que se perpetúen las dificultades de dependencia económica, violencia, discriminación, entre otros, que no solo afectan a la mujer, sino que alejan a la sociedad de un crecimiento y desarrollo sostenible (CECI, 2019).
El creciente acceso de la mujer al mercado laboral ha propiciado espacios que posibilitan prestar más atención al esfuerzo colectivo de deconstruir la desigualdad de género y de estudiar los hechos de segregación ocupacional femenina, las diferencias salariales entre hombres y mujeres, el acceso a la educación y a las ramas del poder, entre otros.
El empoderamiento posibilita, entonces, que la mujer pueda ejercer un control sobre sí misma, que cuestione la subordinación que ha atravesado a lo largo de la historia y que tome sus propias decisiones en pro de mejorar su calidad de vida, pues no es posible, según Elson (2019), garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos tan solo a la mitad de la población representada por hombres, y buscar el desarrollo sostenible, negando a la otra mitad el acceso a sus derechos civiles, sociales, culturales y económicos, así como a las oportunidades de educación, empleo digno, participación política, participación en la economía, e incluso de tiempo libre y ocio.
Es importante comprender que, tanto en países desarrollados como en desarrollo, el fenómeno de la pobreza afecta en mayor proporción a las mujeres, hecho que se relaciona principalmente con "aquellos mecanismos y barreras sociales, económicas, judiciales y culturales que generan que las mujeres y otras identidades feminizadas se encuentren más expuestas al empobrecimiento de su calidad de vida" (Observatorio Igualdad y Empleo, 2020).
La relación entre género y pobreza, entonces, va más allá de un simple hecho descriptivo, pues crea la necesidad de formular medidas de política económica que busquen generar alivios a los procesos económicos y sociales de un territorio, teniendo en cuenta la naturaleza exacta del vínculo de dichas variables, pues conseguir tasas de crecimiento positivas y sostenibles puede generar efectos sobre la pobreza, pero no reflejarse automáticamente en toda la población (Martínez, 2001).
Según Macías y Parada (2013), existen tres teorías relevantes que explican las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. La primera es la teoría neoclásica, aplicada fundamentalmente en el campo de la microeconomía y que no tiene en cuenta los gustos, las preferencias y necesidades propias de la mujer, considerando que el género femenino tiene menor salario respecto a los hombres por cuanto cuentan con menos capital humano, hecho que a su vez es creado por esa misma diferencia salarial, es decir, una teoría circular.
Además, al no tener altos niveles de escolaridad, capacitación, experiencia, etc., e implicar mayores costos de producción reflejados en licencias de maternidad, ausentismo y mayor rotación, las empresas deben equilibrar dichas condiciones a través del pago de salarios más bajos (Macías y Parada, 2013).
La segunda es la teoría institucionalista, la cual afirma que los intereses de un hombre son compartidos con los integrantede su hogar, por lo cual se minimiza cualquier conflicto de género en su interior, hecho que opaca también las necesidades de la mujer. La tercera, la teoría marxista, niega la posibilidad de que existan los intereses de género y, por ende, no considera la diferencia salarial o brecha de género como importante para ser estudiada en la economía (Macías y Parada, 2013).
Las tres escuelas señalan que la división del trabajo está determinada por factores biológicos y se obvian las relaciones de género en la delimitación de la oferta de trabajo (Macías y Parada, 2013, p. 11), pues las actividades que ellas realizan son catalogadas de manera intrínseca como "femeninas" y, por ende, no remuneradas.
En ese sentido, se presenta el problema de la desigualdad de género con respecto al acceso a servicios y productos financieros; no obstante, esta dinámica de género puede cambiar y la industria de servicios financieros puede ser un motor para que dicha igualdad ocurra, en tanto que "con un acceso equitativo a la gama completa de servicios financieros basados en necesidades (ahorro, crédito, seguro, pagos) y la educación financiera que lo acompaña, las mujeres tienen una oportunidad de empoderamiento social y económico" (OIT, 2022).
Inclusión financiera y género
La IF no debería alejarse de una agenda nacional encaminada a generar espacios que posibiliten el desarrollo inclusivo y la promoción de la igualdad de oportunidades entre los distintos agentes económicos sin ningún tipo de discriminación, particularmente de aquellos individuos que tienen limitaciones para acceder y se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Por tanto, en el camino de mitigar dichos efectos y otorgar mayores y mejores instrumentos financieros a las mujeres, se deben buscar soluciones a los diferentes desafíos que surgen como resultado de los cambios estructurales, económicos y culturales (Carballo, 2020).
La IF aparece, entonces, como un instrumento direccionado a atacar los procesos de exclusión social en el ámbito del acceso a oportunidades y servicios de calidad que le permite a las personas salir de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica y social. Su origen tiene relación directa con la aparición del microcrédito y las microfinanzas, que ha llevado a una mayor visibilidad y accesibilidad al sistema financiero en diferentes contextos y territorios, y se ha configurado en un escenario clave del desarrollo de los países (Stein et al., 2011).
El Centro para la Inclusión Financiera (2009, citado por Universidad Andina Simón Bolívar et al., 2021), afirma que la IF hace alusión al hecho de que "todas las personas pueden y tienen acceso a un conjunto completo de servicios financieros de calidad prestados a precios asequibles, de manera conveniente y con dignidad para los clientes, incluidos los discapacitados, pobres, rurales y otras poblaciones excluidas" (p. 16), definición que permite identificar la IF como un factor que ejerce presión contra la pobreza, la desigualdad y los diversos desequilibrios generados a partir del proceso de globalización.
Según la definición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2018), al hablar de IF se deben tener en cuenta tres dimensiones. Primero, la dimensión del acceso, entendida como la posibilidad de usar los servicios y productos financieros ofrecidos por el sistema formal; segundo, el uso, que hace referencia a la utilización efectiva de los productos financieros tanto en términos de regularidad como de frecuencia; tercero, la calidad, como característica de las dos primeras dimensiones.
De esa forma, desde la Cepal (2018) se presume que el acceso antecede al uso y se considera que el primero se encuentra relacionado con las características propias de la oferta, incluyendo la infraestructura, y que el segundo va de la mano con las peculiaridades de la demanda. De ahí que, tanto en el ámbito teórico como empírico, el estudio de la IF se realice desde el punto de vista de la oferta, ya que se considera que los limitantes de acceso al sistema financiero se originan en las barreras de precios de los productos y servicios, es decir, en las tasas de interés, que suelen ser elevadas y con condiciones restrictivas.
La barrera ocasionada por los precios se racionaliza en términos de las fallas de mercado que imposibilitan la asignación eficiente de los recursos. Dicha falla en términos de IF es la asimetría de la información, dado que esta produce el racionamiento del crédito y, por consiguiente, la falta de acceso al sistema financiero (al crédito) por parte de los agentes. Esta asimetría produce dos efectos fundamentales con respecto al acceso al crédito formal: primero, la selección adversa, que es el riesgo inherente a aquellos agentes económicos que presentan mayor interés en adquirir un préstamo y que se tornan menos deseables para el sistema financiero y, segundo, el riesgo moral, entendido como el incentivo que tiene el deudor para ocultar información con respecto al uso del crédito y, por ende, el incremento del riesgo de no pago a la institución prestamista (Cepal, 2018, p. 40).
Los efectos macroeconómicos relacionados con estas fallas y con el racionamiento del crédito se resumen en que los agentes económicos con proyectos más arriesgados deben pagar intereses más altos; cuando la política monetaria es restrictiva, estos agentes no recurren a la banca privada o de fomento, sino que financian sus proyectos con una elevada proporción de recursos propios o limitan su capacidad de inversión; la distribución de los créditos se ve afectada por la política monetaria en cualquier actividad económica; se presenta una disminución en las inversiones, perturbando la producción real de una economía y, según Mankiw (1992, citado en Martínez y Londoño, 2004), la política monetaria afecta la distribución de dichos créditos, y los cambios en las tasas de interés causan grandes cambios en la distribución del crédito, lo que convierte a este mercado en algo inseguro.
Además, el problema de asimetría de la información implica que los agentes económicos, en ciertas ocasiones, presenten problemas de liquidez, incluso cuando estos podrían pagar los intereses y el capital del préstamo. Las mujeres atraviesan una situación parecida, porque, a raíz de la brecha existente entre las oportunidades a las que tienen acceso, en comparación con los hombres, ven restringida su capacidad de ahorro e inversión dentro del sistema financiero formal.
Por otro lado, la Cepal (2018) considera que la baja IF en ALC debe ser vista, además, desde la demanda, pues diversos estudios ponen al descubierto que existe una demanda insuficiente de los productos y servicios financieros ofrecidos por las instituciones formales; entre los principales se encuentra la falta de información y conocimiento de cómo funciona el sistema financiero, las expectativas asimétricas, la desconfianza hacia el sector, la baja capacidad de análisis de la oferta financiera y la falta de identificación de los productos financieros.
Las barreras de oferta se reflejan en los costos de transacción que dan lugar a barreras de accesibilidad física, económica y de elegibilidad (Roa, 2021). Sobre estas, además del tiempo de desplazamiento, las mujeres se ven afectadas por la inseguridad y las restricciones de movilidad e interacción social fuera del hogar, factores provenientes de las normas sociales de género instauradas en el mundo a lo largo del tiempo.
En términos de accesibilidad económica, las barreras que enfrentan las mujeres obedecen a la falta de autonomía y poder de decisión en el manejo de ingresos y gastos para ellas y sus familias, así como a menores oportunidades laborales y salariales, pues dichas normas sociales les impiden, en la mayoría de los casos, el acceso y uso de productos financieros para atender sus necesidades.
En cuanto a elegibilidad, la literatura reciente señala que a las mujeres se les dificulta contar con identificación oficial, son sujetos de discriminación directa o indirecta en las entidades financieras, y carecen de suficientes garantías. Así mismo, debido a la falta de autonomía en la toma de decisiones, en varios casos las mujeres necesitan solicitar permiso del esposo o la familia para acceder a un producto financiero (Demirgüc et al., 2013).
De otra parte, de acuerdo con Roa (2021), las acciones para eliminar las barreras de oferta de la IF no son diferenciadas para las mujeres, es decir, si bien de forma progresiva se han ido reduciendo tales barreras con la ampliación de la oferta de productos de bajo costo como las cuentas de ahorro, la masificación de puntos físicos para realizar transacciones financieras y de productos digitales, también es cierto que estas acciones no ofrecen diferenciación en el tratamiento de las necesidades financieras de las mujeres, acorde a las características, preferencias y mitigación de los efectos negativos de las normas sociales de género que ellas enfrentan.
Del lado de las barreras de demanda, los estudios recientes han permitido conocer que la exclusión financiera de las mujeres está asociada con su menor autonomía y baja autoestima y autoconfianza en sus habilidades y capacidades, su menor educación financiera e incluso el hecho de ser más adversas al riesgo y confiar menos en las entidades financieras formales (Bustelo y Vezza, 2019; Lusardi y Mitchell, 2008; Yakoboski et al., 2020, citados en Roa, 2021). A partir del conocimiento sobre las dificultades que atraviesan las mujeres, se han comenzado a desarrollar programas que buscan reducir al máximo estos sesgos de género y mejorar las capacidades financieras y la vida de estas (Auricchio et al., 2021).
Normas sociales de género
Además de lo anterior, en la IF de las mujeres influyen las normas sociales de género, las cuales les imponen una mayor carga, puesto que refuerzan las barreras de oferta y demanda, lo que da lugar a mayores obstáculos en el acceso y uso de productos financieros que la que tienen los hombres. En este sentido, las normas de género se convierten en un factor relevante que alimenta la brecha de género en la IF, siendo las mujeres las principales perjudicadas.
En el contexto de la IF, la norma de género se define como una regla informal implícita que la mayoría de las personas aceptan y siguen sobre cómo se espera que: i) las mujeres participen en las decisiones financieras del hogar, ii) adquieran y usen productos y servicios financieros, y iii) accedan a canales o intermediarios financieros formales. Es necesario entender con claridad cómo funcionan estas normas y cómo son impuestas u obligadas a cumplir para poder modificarlas o eliminarlas y con ello promover la IF de manera efectiva (Romero et al., 2022).
Según Romero et al. (2022), la inclusión de la norma de género en el estudio de la IF de las mujeres se debe, entre otros, a que últimamente se ha descubierto el interés por entender las variables que obstaculizan este proceso y, de acuerdo con Roa (2021), los programas de IF, además de buscar resultados económicos, como un mayor crecimiento de la economía o rendimientos en el sector financiero, deben atender a factores sociales, de bienestar y de empoderamiento subjetivo como la autonomía, la autoconfianza y el liderazgo, y transmitirlos a las mujeres desde su etapa de niñez, e incluirlos en los programas. "Hay una relación entre la IF, laboral, educativa, social y política de la mujer. Por ello, es fundamental atender de manera transversal el cambio de normas desde diferentes ámbitos y contemplar las alianzas con el sector público y privado y la sociedad civil, para tener una mayor efectividad y menores costos de los programas" (Roa, 2021, p. 40).
De lo anterior se desprende que la brecha de género, más allá de estar explicada de manera directa por una u otra variable específica, se ha desarrollado históricamente a partir de la instauración de las normas sociales de género, las cuales han hecho que la mujer enfrente obstáculos de tipo político, económico, social y cultural, dejándola rezagada frente al género opuesto, hasta la actualidad.
Inclusión financiera y tecnologías de la información y la comunicación
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como la digitalización financiera, son fundamentales para la IF, considerando que facilitan el acceso a servicios financieros a poblaciones desatendidas, reduciendo costos de transacción y adaptando los productos a las necesidades específicas de los usuarios.
Según Ospina (2024), la digitalización y el uso de TIC ha tenido un impacto positivo en el sector financiero, ya que modifica el modo de operación de estas entidades, así como los productos y servicios ofertados. A pesar del crecimiento de la IF en los últimos años, independientemente de su relación con el género, la pandemia reveló que el proceso de digitalización presenta grandes obstáculos como la alfabetización financiera y digital, el acceso a TIC, la seguridad en el manejo de datos personales y la definición de un marco institucional adecuado que permita la regulación de estos servicios financieros digitales mediados por las TIC.
Las oportunidades que ofrece la digitalización financiera están relacionadas con, primero, mantener productos financieros de bajo costo y, segundo, consolidar información financiera sobre registros y transacciones de compra y venta de bienes y servicios, que puede ser aprovechada para identificar patrones de hábitos, preferencias y riesgo de los grupos sociales excluidos, a fin de diseñar productos financieros adecuados a las necesidades de estos grupos sociales.
Mejía y Azar (2021) plantean una discusión relacionada con el potencial de la digitalización financiera para contribuir a la expansión de la IF. Aun cuando a raíz de la pandemia por covid-19 hubo aceleración de la masificación de los servicios financieros digitales en poblaciones desatendidas o subatendidas por el sistema financiero formal, también es cierto que el mismo contexto mostró con más claridad que hay muchas barreras estructurales con respecto al acceso a servicios y productos financieros y la digitalización financiera que impiden que la inclusión se difunda de manera más amplia sobre la población.
No cabe duda de que la digitalización financiera ha acelerado la IF en los años más recientes, sin embargo, hasta la fecha no se han rastreado estudios que analicen el impacto de la digitalización financiera sobre el acceso a productos financieros, según género y a través del tiempo.
METODOLOGÍA
Este estudio tiene un enfoque cuantitativo y correlacional considerando que está orientado a indagar sobre la brecha de género en la IF en ALC en el periodo 2011-2021, partiendo de un análisis de asociación entre la IF y las características sociodemográficas de la población, particularmente respecto al género. De esta manera, la investigación busca evaluar empíricamente la relación entre la IF y el género en ALC, siendo las hipótesis de trabajo:
Ho = No existe brecha de género en la IF en ALC
H1 = Existe brecha de género en la IF en ALC
La principal fuente de información de la investigación fue la base de datos Global Findex del BM, la cual contiene información a nivel de individuo sobre IF de la población adulta del mundo y, especialmente, de la región de ALC. Los países de la región seleccionados en el estudio fueron: Argentina, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, dado que son los países para los cuales existe información en la base de datos consultada en el periodo 2011-2021.
En particular, la encuesta Global Findex ha sido diseñada, validada y aplicada por el BM en los años 2011, 2014, 2017 y 2021. Su propósito ha sido obtener información de la IF sobre temas como la titularidad de cuentas, pagos, ahorro, crédito y resiliencia financiera en la población civil no institucionalizada mayor de 15 años. Este instrumento contempla un diseño muestral de tipo aleatorio, multietápico y estratificado.
En lo que respecta al tratamiento de información estadística, primero, se procedió a descargar las bases de datos de Global Findex del BM; luego, se conformó una estructura de datos de secciones cruzadas repetidas (Pooled Cross Section), puesto que la encuesta Global Findex tiene información de corte transversal de los años 2011, 2014, 2017 y 2021; posteriormente, se estimaron modelos probabilísticos tipo logit para establecer la dependencia o interdependencia entre la IF y el género en ALC, en el periodo 2011-2021. Los datos fueron procesados en el paquete estadístico Stata.
Las regresiones logísticas son modelos estadísticos que relacionan una variable dependiente cualitativa con una o más variables independientes. Esta relación está determinada por una función de distribución logística acumulativa, comprendida en un intervalo abierto entre 0 y 1:
Donde: X es la matriz de variables independientes y p los coeficientes asociados a ellas.
La ecuación (1) indica que la probabilidad de que ocurra un evento (Y. = 1) sigue una función logística.
Dado que las encuestas de Global Findex proporcionan información sociodemográfica distinta cada año, y que las condiciones de los países de ALC presentes en la encuesta son variables, los modelos logit incluyeron la información disponible en los cuatro momentos de tiempo (2011, 2014, 2017 y 2021); así, las variables proxy de IF son: tenencia de cuenta financiera, tenencia de tarjeta débito, tenencia de tarjeta de crédito, uso de tarjeta débito en el último año, uso de tarjeta de crédito en el último año, tenencia de ahorro formal y tenencia de préstamo formal en el último año; edad, ingreso, nivel educativo, nivel de ingresos y proxy de uso de TIC1 de individuos pertenecientes a los países de Argentina, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay (Tabla 1).
Tabla 1. Descripción de las variables incluidas en los modelos (1) y (2)
Fuente: adaptado del Global Findex del Banco Mundial (2011, 2014, 2017 y 2021).
De esta forma, y considerando la hipótesis que se desea contrastar, en la investigación se estableció el siguiente modelo:
En donde Yi,t ,t representa si el individuo en el momento t está o no incluido financieramente, Xi,t son las variables independientes y μi,t es el término de error. Luego, la probabilidad de que el individuo esté incluido financieramente está determinada por la edad, edad al cuadrado, educación, género, ingresos, país y año.
Por otra parte, de la hipótesis de trabajo y debido al proceso de digitalización financiera en el periodo de investigación, se desprende el modelo [3]:
En este caso, Yi,t representa si el individuo en el momento t está o no incluido financieramente, Xi,t son las variables independientes y μi,t es el término de error. Así, la probabilidad de que el individuo esté incluido financieramente está determinada, además de las variables del modelo 1 (edad, edad al cuadrado, educación, género, ingresos, país y año), por:
• Tic: variable proxy de la digitalización financiera.
• Tic*Género: uso de TIC cuando el individuo es mujer.
El modelo [3] es una extensión del modelo [2], que toma en consideración los cambios de la IF a raíz de la digitalización financiera, y cómo esto ha afectado la brecha de género en la IF.
A continuación, en la Tabla 2 se presenta el resumen de las variables por usar en las regresiones logísticas [2] y [3], así como el signo de asociación esperado, teniendo en cuenta la literatura y las bases teóricas estudiadas:
Tabla 2 Variables por utilizar en las regresiones logísticas [2] y [3]
Fuente: elaboración de los autores.
RESULTADOS
Para determinar el efecto del género sobre la IF en ALC, con base en la ecuación [2], se prepararon siete regresiones logísticas (Tabla 3), de las cuales, tres corresponden a la IF desde la perspectiva del acceso a servicios financieros (tenencia de cuenta financiera, tenencia de tarjeta débito y tenencia de tarjeta de crédito), y cuatro a la IF desde la perspectiva del uso de servicios financieros (uso de tarjeta débito, uso de tarjeta de crédito, ahorro en instituciones financieras en los últimos 12 meses y préstamo en instituciones financieras en los últimos 12 meses).
La Tabla 3 muestra que los modelos de IF tienen significancia global, en particular, las variables edad, edad al cuadrado, nivel educativo y nivel de ingresos de todas las regresiones son estadísticamente significativas al 1% de significancia.
Tabla 3. Factores asociados a la inclusión financiera en 14 países de ALC a partir de modelo [2] (Efectos marginales), periodo 2011-2021
Nota: errores estándar en paréntesis, *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Fuente: datos de la investigación con base en el Banco Mundial, Global Findex (2011, 2014, 2017 y 2021)
Los modelos estimados presentan evidencia estadística de la asociación positiva de la IF y la edad (aunque con un efecto marginal decreciente), el nivel educativo y el nivel de ingresos en ALC. Del mismo modo, los modelos presentan evidencia estadística de la asociación negativa entre la IF y el género en la región, lo cual confirma la brecha de género en la IF con sesgo en contra para las mujeres, es decir, existen diferencias significativas en la IF entre hombres y mujeres latinoamericanas, en donde estas últimas tienen menor acceso y uso de servicios financieros.
En general, estos hallazgos acerca de la asociación positiva de la IF y la edad, educación e ingresos, así como la relación negativa de la IF con el género son consistentes con los encontrados en las investigaciones realizadas en otras regiones del mundo (Zins y Weill, 2016), en un grupo de países de ALC (Martínez et al., 2022), y, especialmente, en países latinoamericanos como Perú, Colombia (Cardona et al., 2018), Ecuador (Borja y Campuzano, 2018) y México (Romero et al., 2022). Además, complementan estudios previos con los hallazgos a nivel de Latinoamérica y, en particular, la relación de cada una de las variables control sobre la probabilidad de que el individuo esté incluido financieramente, descubriendo que existe una brecha de género en términos de IF en los países de ALC y que las variables tenidas en cuenta aportan a dicha brecha de manera significativa.
También es oportuno señalar que los estudios previos sobre la brecha de género en la IF en ALC, a nivel de individuos, han considerado su análisis en un único punto en el tiempo, es decir, en un año, mientras que el presente estudio analiza la brecha de género en la IF incluyendo un horizonte de tiempo de 10 años, tomando 4 momentos de manera independiente: 2011, 2014, 2017 y 2021, con datos de corte transversal. Del mismo modo, al observar el desarrollo de la agenda investigativa de la brecha de género en ALC, se encuentra que todavía no se tiene un estudio de referencia que contemple en el análisis información del año 2021. En esa medida, esta investigación analiza la brecha de género en la IF en la región, a partir de una base de datos que agrupa información en un horizonte de tiempo más amplio que aquellos de los estudios previos sobre la materia.
En particular, la variable edad indica que un incremento de un año del individuo aumenta las probabilidades de tener una cuenta financiera (1,35 pp), una tarjeta débito (1,15 pp), una tarjeta de crédito (1,07 pp), así como de usar las tarjetas débito (0,854 pp) y crédito (0,978 pp), y de contar con ahorro (0,219 pp) y préstamo en instituciones financieras (1,23 pp). Por su parte, la variable edad al cuadrado refleja la relación marginal decreciente entre la edad y el acceso y uso a servicios financieros formales de los individuos.
Estos hallazgos se encuentran asociados con las barreras de oferta del sistema financiero tradicional tanto para los jóvenes como para las personas de edad avanzada; es decir, los jóvenes no son sujetos de especial interés para las IF, debido a su baja acumulación de experiencia y ahorros, y tampoco los más adultos, dado el descenso en la expectativa de vida, así como por la reducción de las perspectivas de crecimiento personal y empresarial de este grupo poblacional.
Al medir los efectos de la variable educación, se constata que esta tiene una asociación positiva con el acceso a una cuenta financiera (15,2 pp), con la tenencia de tarjetas débito (14,2 pp) y crédito (8,79 pp), con el uso de las tarjetas débito (12,0 pp) y crédito (8,16 pp), y con la posesión de ahorros (8,96 pp) y préstamos (3,45 pp) en el sistema financiero formal en ALC. Este resultado refleja que las personas con mayor educación pueden estar dotadas de mejores capacidades financieras, como resultado de competencias desarrolladas en la formación educativa.
En cuanto al quintil de ingresos en el que se ubica el individuo en Latinoamérica, se establece que, a medida que el nivel de ingresos se eleva, también aumentan las probabilidades de inclusión en el sistema financiero formal. En específico, con respecto al primer quintil de ingresos, pertenecer al segundo quintil incrementa las probabilidades de tener una cuenta financiera en 3,64 pp, tener una cuenta débito en 3,70 pp, tener una tarjeta de crédito en 3,09 pp, usar tarjeta débito en 2,19 pp, usar tarjeta de crédito en 3,00 pp, y tener ahorro o préstamo formal en 2,21 pp; hallarse en el último quintil de ingresos acrecienta las probabilidades de tener una cuenta financiera en 21,8 pp, tener una cuenta débito en 21,5 pp, tener una tarjeta de crédito en 15,1 pp, usar tarjeta débito en 18,2 pp, usar tarjeta de crédito en 13,4 pp, tener ahorro formal en 17,1 y tener préstamo formal en 7,48 pp.
Sobre este hecho, Cardona et al. (2018) señalan que este comportamiento obedece a que: a) los grupos poblacionales de altos ingresos pueden acceder y usar productos más complejos, dado que el estatus económico que poseen es un atractivo para las entidades financiera; b) a medida que se acrecientan los ingresos, las personas se tornan más activas en la administración de sus recursos.
No obstante, no se debe descartar que a los grupos poblacionales de más altos ingresos les resulte más fácil asumir los costos de transacción en acceso y uso de productos financieros con respecto a los de bajos ingresos; en otras palabras, los grupos de altos ingresos tendrían menos obstáculos para acceder al sistema financiero formal que los demás grupos, o, lo que es igual, este resultado corrobora que el sistema financiero formal excluye a poblaciones de bajos ingresos.
En materia de género, teniendo en cuenta los controles incluidos, las regresiones confirman que las mujeres de ALC tienen menores probabilidades de estar incluidas en el sistema financiero formal, aunque según la información disponible, el sesgo de discriminación en contra de estas se presentaría más en la etapa de acceso que en la de uso de los servicios financieros, es decir, las mujeres tienen barreras más altas para acceder al sistema financiero que para usar los productos financieros formales. Esto posiblemente puede deberse a que la entrada al sistema financiero formal de las mujeres es más compleja que la de los hombres en el sentido de que, además de las barreras en la oferta y la demanda que restringen a los individuos el acceso al sistema financiero formal, las normas sociales de género pueden estar reforzando tales barreras, lo que limita aún más los beneficios de la inclusión financiera para las mujeres.
En especial, ser mujer en ALC reduce las probabilidades de tener una cuenta financiera en 5,33 pp, tarjeta débito en 5,54 pp, tarjeta de crédito en 2,51 pp, usar tarjeta débito en 446 pp, usar tarjeta de crédito en 2,10 pp, tener ahorro formal en 3,55 pp y tener un préstamo formal en 1,49%.
Marconi et al. (2022) señalan que la inclusión de género en los servicios financieros es parcial y restringida por las entidades financieras, pues no se considera a la mujer como un agente capaz de aportar a la economía, a su crecimiento y desarrollo, sino como una actora pasiva, excluida y bajo condiciones de desigualdad. De esa manera, afirman que existe una correlación positiva entre IF, disminución de la pobreza y desarrollo, hecho que pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta a aquella población históricamente excluida y en condición de vulnerabilidad, como las mujeres, ya que mejora su calidad de vida, se superan la pobreza y la exclusión social, lo que contribuye a la consecución de un mayor bienestar y empoderamiento.
En un estudio realizado para Colombia por Escobar et al. (2022) se encontró que en el país, para el año 2021, existió una brecha de 6,4 pp en lo que respecta a IF, donde las mujeres tuvieron menos oportunidades de acceso a algún servicio financiero, principalmente para los de depósito, con una diferencia de 6,3 pp menos que los hombres, y para los productos de crédito con 3,2 pp menos. En lo que respecta al indicador de uso, la diferencia entre hombres y mujeres se ubicó en 3,8 pp a favor de los primeros, pero menor a la del indicador de acceso.
Para Marchionni et al. (2018), el análisis de las brechas de género en términos de educación, temas familiares, participación en el mercado laboral e ingresos aporta gran valor a la hora de entender la desigualdad existente en el ámbito financiero, ya que el no poder acceder a una educación de calidad, a un empleo formal y a un salario digno, se encuentra estrechamente relacionado con el bienestar económico, físico, mental y emocional de las personas, así como con la posibilidad de verse incluido socialmente y ser parte activa del mercado.
Con respecto a las brechas en temas de ingresos y participación laboral, los autores manifiestan que las mujeres participan en menor proporción que los hombres, trabajan menos horas y reciben menor remuneración. En ALC, de 10 personas entre 25 y 54 años, solo 4 pertenecen al género femenino y trabajan, en promedio, 8 horas menos a la semana que un hombre. Esta brecha está fuertemente relacionada con el hecho de que la mujer conviva con una pareja y se dedique a las labores del hogar, así como con la condición de que haya tenido un menor nivel de educación formal. "Respecto de las brechas salariales, el salario medio de una mujer es, en promedio, un 11% más bajo que el de un hombre, pero esta brecha se agranda hasta un 22% cuando se comparan trabajadores con características similares" (Marchionni et al., 2018).
A lo anterior se suma que las mujeres suelen ubicarse en empleos del sector terciario de la economía, como el comercio, los servicios sociales y el servicio doméstico, de los cuales un gran porcentaje pertenece a la informalidad, lo que propicia que la mujer sea vulnerada en sus derechos y excluida socialmente en diversos aspectos, entre ellos, del acceso y uso de los servicios financieros.
Un estudio experimental realizado por el CAF en Chile indica que el género femenino tiene un 15% menos de probabilidad de que una solicitud de crédito le sea aprobada, y aquellas que logran acceder tienen peores condiciones que los hombres: los plazos son más cortos, las tasas de interés más altas y los montos aprobados son más bajos, aun cuando las mujeres presentan menores tasas de morosidad frente a los hombres (CAF, 2022).
Escobar et al. (2022) confirman estos hallazgos en un ejercicio realizado en Colombia, donde en todas las modalidades de crédito se encuentra que existe una brecha entre las tasas de interés para hombres y mujeres. En crédito de consumo, por ejemplo, la brecha superó el 0,3%, mientras que en microcréditos se ubicó en 5,4%. Así mismo, según el autor, las mujeres tienen mayor porcentaje de participación en créditos de rangos más bajos, mientras que dicha proporción va disminuyendo conforme aumenta el rango del crédito. Además, los autores encontraron que, al desagregar por tipo de producto, en términos de ahorro, incluyendo los recursos destinados a pensión, el porcentaje de participación de las mujeres también es menor.
De otra parte, con el propósito de conocer la influencia de las TIC en la IF y particularmente en IF de las mujeres, las regresiones iniciales (1-7) fueron complementadas con una variable proxy de uso de TIC y una variable interactiva de uso de TIC y género (Tabla 4). De ese modo, las nuevas regresiones (8-14) mostraron tener significancia conjunta, y también muestran que las variables de interés como edad, edad al cuadrado, nivel educativo, nivel de ingresos y uso de TIC son estadísticamente significativas al 1% de significancia. Sin embargo, la variable uso de TIC y género resultó ser estadísticamente significativa solamente en las regresiones de tenencia de cuenta financiera y tarjeta débito al 1% de significancia, y en la de uso de tarjeta débito al 5% de significancia. Es oportuno señalar que los efectos marginales del segundo conjunto de modelos se redujeron en comparación con los del primer conjunto, aunque, por lo general, no variaron su dirección.
Luego, estos modelos estimados siguen presentando evidencia estadística en ALC respecto de la asociación positiva de la IF con la edad (siendo un efecto marginal decreciente), el nivel educativo y el nivel de ingresos, y de la relación negativa entre la IF y el género, lo que corrobora lo hallado en otros estudios (Zins y Weill, 2016; Borja y Campuzano, 2018; Cardona et al., 2018; Romero et al., 2022; Martínez et al., 2022).
Tabla 4. Factores asociados a la inclusión financiera en 14 países de ALC, incluidas las variables Tic y Tic*Género, a partir del modelo [3] (Efectos marginales), periodo 2011-2021
Nota: errores estándar en paréntesis. *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Fuente: datos de la investigación con base en Banco Mundial, Global Findex (2011, 2014, 2017 y 2021).
Así también, los modelos ofrecen evidencia estadística de la asociación positiva entre la IF y el uso de TIC, lo cual va en línea con lo reportado por Berrío (2016) para el caso colombiano. De acuerdo con Berrío (2016), las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones contribuyen con el desarrollo de productos más asequibles, ya que reducen los costos de tiempo y desplazamiento para acceder al sistema financiero formal.
Lo anterior indica la importancia de la digitalización como vehículo para alcanzar mayor IF en ALC, y, particularmente, para que las mujeres accedan al sistema financiero formal, si se observan las regresiones de tenencia de cuenta financiera y las de tenencia y uso de tarjeta débito (8, 9 y 11, respectivamente).
Vale la pena destacar que, hasta el momento, los estudios recientes de la brecha de género en la IF en ALC no han analizado empíricamente la incidencia del factor tecnología sobre la IF, al menos de forma agregada para la región; de modo que, al tener en cuenta los modelos de la tabla 4, esta investigación presenta una aproximación a los efectos del uso de la tecnología sobre la IF en ALC, especialmente, sobre la IF en las mujeres latinoamericanas.
En particular, la variable edad revela que un año más de edad del individuo aumenta las probabilidades de tener una cuenta financiera (1,22 pp), una tarjeta débito (1,04 pp), una tarjeta de crédito (1,01 pp), así como de usar las tarjetas de débito (0,770 pp) y crédito (0,939 pp), y de contar con ahorro (0,15 pp) y préstamo en instituciones financieras (1,20 pp). Por su parte, la variable edad al cuadrado refleja la asociación marginal decreciente entre la edad y el acceso al sistema financiero formal. Esto, como se mencionó, puede ser atribuible a las barreras de oferta de las entidades financieras formales que posiblemente discriminan a población joven y personas de la tercera edad.
Con respecto a la variable educación, se evidencia que tiene una asociación positiva con acceder a una cuenta financiera (15,2 pp), tener tarjetas débito (10,7 pp) y crédito (6,62 pp), en el uso de las tarjetas débito (8,26 pp) y crédito (5,91 pp), tener ahorros (7,08 pp) y préstamos (2,31 pp) formales en ALC, resultado que pone en evidencia que la educación contribuye a mejorar las capacidades financieras de las personas.
El análisis del nivel de ingresos establece que, a medida que este se incrementa, también aumentan las probabilidades de que el individuo esté incluido en el sistema financiero formal en ALC. En detalle, con respecto al primer quintil de ingresos, pertenecer al segundo quintil incrementa las probabilidades de tener una cuenta financiera en 2,46 pp, una cuenta débito en 2,87 pp, una tarjeta de crédito en 2,85 pp, usar tarjeta débito en 1,55 pp, usar tarjeta de crédito en 2,74 pp, tener ahorro formal en 2,04 pp, tener préstamo formal en 2,11 pp y pertenecer al último quintil de ingresos eleva las probabilidades de tener una cuenta financiera en 16,4 pp, una cuenta débito en 16,9 pp, una tarjeta de crédito en 1,4 pp, usar tarjeta débito en 13,4 pp, usar tarjeta de crédito en 10,6 pp, tener ahorro formal en 14,9 y tener préstamo formal en 6,21 pp.
Al igual que en los modelos del 1 al 6, este comportamiento puede estar asociado con la disponibilidad de activos y patrimonios del individuo, que le facilita su incursión en el sistema financiero formal, así como la necesidad de administrar recursos a medida que los ingresos se elevan.
En cuanto al género, considerando los controles agregados en las regresiones, se constata que las mujeres de ALC tienen menores probabilidades de acceder al sistema financiero formal, aunque según este estudio, el sesgo de discriminación de género, en términos generales, tendría mayor impacto en la etapa de acceso más que en la de uso de los servicios financieros; este hallazgo es un indicativo de los arraigos de las normas sociales de género en las estructuras sociales y económicas de los países latinoamericanos.
En resumen, en ALC, ser mujer disminuye las probabilidades de tener cuenta financiera en 3,78 pp, tarjeta débito en 4,59 pp, tarjeta de crédito en 1,80 pp, usar tarjeta débito en 3,79 pp, usar tarjeta de crédito en 1,22 pp, tener ahorro formal en 2,64 pp y préstamo formal en 0,922 pp. Es relevante señalar que, al incorporar las variables TIC y TIC y género, la dirección del efecto de género sobre la IF no se alteró en las estimaciones de los modelos del 8 al 15, lo cual señala que la baja IF de las mujeres es un signo más de las discriminaciones que estas enfrentan en la sociedad.
Adicionalmente, el uso de TIC tiene un efecto positivo en la probabilidad de tener una cuenta financiera (3,86 pp), tarjetas débito (26,3 pp) y de crédito (15,2 pp), usar tarjetas débito (22,5 pp) y de crédito (15,1 pp), y tener ahorro (15,7 pp) y préstamos formales (9,37 pp). Aunque no hay estudios similares en ALC que agreguen el efecto de las TIC sobre la IF, es de destacar que esta investigación encuentra que la digitalización puede jugar un rol clave en las estrategias de IF en la región.
Aunque la variable interactiva de uso de TIC y género presenta diferencias en dirección, magnitud y significancia estadística en los modelos del 8 al 14, se rescata que dicha variable es significativa y tiene efecto positivo en los modelos 8, 9 y 11. En especial, el uso de TIC en mujeres frente a los hombres eleva las probabilidades de tener una cuenta financiera en 2,92 pp, una tarjeta débito en 2,07 pp y usar este instrumento financiero en 1,61 pp. Ello sugiere que el impacto del uso de TIC en la IF sería positivo, aunque diferenciado según género, donde el impacto del uso de TIC es más fuerte en mujeres que en hombres.
Aunque fueron pocos los modelos en los que la variable interactiva TIC y género fue estadísticamente significativa, estos reportaron un efecto positivo de esta variable sobre la IF, mientras que en los modelos en los que dicha variable no fue significativa, sus coeficientes cambiaron su dirección. Lo anterior muestra la necesidad de continuar explorando con mejor detalle la interacción de la digitalización con la IF de las mujeres, para conocer si la tecnología puede convertirse en una aliada para acelerar la IF de las mujeres.
CONCLUSIONES
La IF es uno de los ejes fundamentales para lograr el crecimiento económico de las regiones, consolidar los procesos de desarrollo sostenible y equidad e involucrar a los distintos agentes económicos a participar en el mercado. Tal como lo plantean el BM (2022), la Cepal (2018), el CAF (2018, 2022), el FMI (2021), ONU Mujeres (2018, 2021), ONU Mujeres y HIAS Ecuador (2020), entre otros, la IF es un mecanismo que posibilita desarrollar planeación a corto, mediano y largo plazo, elevar la productividad de las empresas y facilitar la vida diaria de las familias, a partir del acceso y uso de los servicios ofertados por el sistema financiero. Es un factor que contribuye al logro de siete de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mejora el bienestar y la calidad de vida de las personas más pobres y otorga mayor empoderamiento a las mujeres, quienes históricamente han sido discriminadas y se han enfrentado a grandes brechas de género que les han imposibilitado participar activamente en la economía.
Con respecto al enfoque de género, y tal como se abordó a lo largo del planteamiento teórico de la investigación, la IF les permite a las mujeres desarrollar proyectos productivos, participando de manera activa en la economía; generar empleo e ingresos hacia terceros; ser partícipes de su propio desarrollo; y aportar a la mitigación de la pobreza a través de las diversas categorías que en ella intervienen, como es el caso del acceso a la educación, la salud, la vivienda, los servicios públicos, entre otros.
La brecha de género en la IF es un problema que afecta a millones de mujeres en ALC, pues tienen menores oportunidades que los hombres de acceder a los diferentes servicios financieros formales y usarlos, restando a su vez oportunidades económicas y sociales. Desde la perspectiva de la oferta, la brecha de género se constituye en un nicho de mercado para las entidades financieras formales.
De ahí que los autores enfocados en el estudio de esta problemática han revelado que, en algunos países de la región, existen brechas de género en cuanto a las capacidades financieras, al evidenciarse que las mujeres se posicionan en una situación de desventaja con respecto a los hombres en conocimientos y comportamiento financiero, hecho que a su vez se deriva de las distintas normas sociales de género que limitan a la mujer para desarrollar cierto tipo de actividades tales como estudiar y trabajar fuera del hogar, designando roles enfocados en atender las cargas de las tareas del hogar y el cuidado.
Los modelos estimados para medir la probabilidad que tiene un individuo de acceder a los diferentes servicios financieros, así como hacer uso de ellos, presentan evidencia estadística en ALC de la asociación positiva entre la IF y las variables de edad (aunque con un efecto marginal decreciente), nivel educativo, nivel de ingresos y uso de TIC, así como de la asociación negativa entre la IF y el género, con sesgo contra las mujeres, pues las latinoamericanas tienen menor probabilidad de acceder a una cuenta financiera, a una tarjeta débito o crédito, de usar dichas tarjetas o de usar los servicios de ahorro y préstamo formales.
Considerando las variables de control usadas en cada regresión, se confirma que las mujeres en ALC tienen menores probabilidades de acceder al sistema financiero formal, no obstante, dicho sesgo de discriminación por género es mayor en la etapa de acceso a los servicios, en comparación con la etapa de uso de los mismos, ya que ser mujer disminuye la probabilidad de acceder a una cuenta de transacciones en 3,78 pp, tener tarjeta débito en 4,59 pp y tarjeta de crédito en 1,80 pp, usar tarjeta débito en 3,79 pp, usar tarjeta de crédito en 1,22 pp, tener ahorro formal en 2,64 pp y tener préstamo formal en 0,922 pp.
Independientemente de que los dos géneros cuenten con el mismo promedio de edad, tengan el mismo nivel de estudios y pertenezcan a un quintil de ingresos determinado, las mujeres presentan una mayor desventaja en términos de IF, y las diferencias más grandes frente a los hombres se dan en cuanto al acceso a los servicios financieros formales que en relación con el uso de estos.
Es necesario que los gobiernos nacionales se apropien de la información otorgada por el BM y, paralelamente, sigan consolidando y monitoreando aquella relacionada con la IF de las mujeres, para desarrollar estudios locales que posibiliten generar estrategias y políticas que impulsen la IF en su país y mitiguen las desigualdades en torno al acceso y uso de los servicios financieros formales, aprovechando sus impactos positivos en el crecimiento económico y el desarrollo integral de sus ciudadanos.
Reconociendo las barreras de oferta y demanda de la IF, la definición de políticas públicas en torno a esta deben contemplar y avanzar en estrategias que consideren transformaciones culturales de las sociedades, a través de la educación, para modificar las normas sociales de género, en materia de roles de cuidado y trabajo; desbalance en la toma de decisiones en los hogares con sesgo en contra de las mujeres; reconocimiento de los activos y patrimonio dentro de los hogares para las mujeres; y las mayores libertades de participación en la esferas económica, social y política, que obstaculizan el empoderamiento de las mujeres y, consecuentemente, la participación activa de estas en sociedad. Por lo tanto, a pesar del enorme esfuerzo que implica modificar patrones culturales que son, por su naturaleza, de largo aliento, el desarrollo de políticas de IF más comprensivas y eficientes debería reconocer las normas sociales de género y, en efecto, identificar y realizar seguimiento y monitoreo a nuevos factores que restringen a las mujeres de los beneficios de la IF y que conllevan el deterioro de su bienestar, derechos y libertades.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Revista Finanzas y Política Económica por la aceptación de este artículo, así como a los pares evaluadores por sus observaciones y sugerencias, que contribuyeron a mejorar el texto. También, agradecemos a Hernando Portillo, profesor de la Universidad de Nariño; Geovanny Castro Aristizábal, profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; y Mauricio Lopera Castaño, profesor de la Universidad de Antioquia, por sus acertadas orientaciones y consejos, que permitieron dar forma y dirección a la investigación.
DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Los autores declaramos que no existe ningún conflicto de intereses relacionados con el artículo. De otra parte, en la investigación se usó información secundaria y anonimizada, que no requirió de un aval de algún comité de ética, en tanto que la información empleada no representó ningún riesgo contra la vida, el ambiente o los derechos humanos.
CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES
Harleth Fabricio Mier-Goyes: conceptualización, investigación, metodología, visualización, redacción del borrador original, y redacción, revisión y edición.
Katherin Julieth Ruales-Suárez: conceptualización, investigación, metodología, validación, redacción del borrador original, y redacción, revisión y edición.
Notas
1 La descripción de las variables aparece en el Anexo 1.
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