JOAN MIGUEL TEJEDOR ESTUPIÑÁN^*

^* Magíster en Derechos Humanos y economista. Editor de la Revista Finanzas y Política Económica de la Universidad Católica de Colombia. Dirección de correspondencia: Facultad de Economía, Universidad Católica de Colombia, carrera 13 No. 47-49, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: jmtejedor@ucatolica.edu.co

El 24 de septiembre de 2015, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se dieron seis meses para alcanzar un acuerdo de paz definitivo y, de esta manera, insertar en el modelo democrático del Estado de derecho al grupo insurgente más antiguo de Latinoamérica, que nació en 1964. Esto implicaría directamente la participación del grupo guerrillero en el escenario político del país. Esta guerrilla, inspirada en ideales comunistas y de movimientos campesinos, en sus orígenes propone la toma de armas como medio para reclamar una reforma agraria que resuelva los reclamos de la población campesina (que para ese entonces comprendía más de la mitad de la población del país). Desde entonces, el conflicto bélico, como cualquier guerra, ha dejado una ola de violencia y muerte para las partes en conflicto, así como una huella imborrable en la memoria de los colombianos.

El fin del conflicto de guerrillas, con los combates, los bombardeos, el secuestro, el narcotráfico y el dolor causado a las víctimas, pareciera extinguirse y abrir paso a un estado de paz en un país cuya historia, desde sus orígenes coloniales hasta nuestros días, ha estado marcada por la violencia.

En este sentido, la paz solo se entiende como la posibilidad de acabar el conflicto entre dos partes, pero se olvida que este concepto se extiende hasta los campos de la economía misma. Por ello, es necesario llegar a un Estado de derecho en el que se manifieste un equilibrio, por un lado, del bien común desarrollado en el marco del modelo capitalista predominante en el ámbito global -lo que significaría un crecimiento económico con bienestar- y, por otro, el pleno desarrollo y las garantías de los derechos humanos.

De esta manera, es imprescindible que las instituciones que conforman el Estado colombiano: los distintos poderes, el sector privado y la población misma, promuevan y garanticen bienestar y equilibrio, con base en políticas económicas y sociales que respeten las libertades sociales y económicas, en aras de generar condiciones de igualdad y goce total de los derechos humanos. Incluso debe abogarse por la protección y el desarrollo sostenible del medioambiente, en un mundo amenazado por el calentamiento global, también originado, entre otros factores, por dicho modelo económico predominante en el ámbito global, cuya expansión ha implicado la extinción de especies e incluso ecosistemas completos.

Mirar la paz desde una perspectiva que supere los límites e impactos del conflicto bélico entre las partes debería implicar, además, el fin del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); la desaparición del paramilitarismo, las bandas criminales y los demás actores que generan violencia, terror y violación de los derechos humanos, y la extinción de la corrupción dentro de las instituciones, que impide el desarrollo humano, económico, social, político y del medioambiente dentro del Estado colombiano.

En este sentido, el mayor aporte que se puede brindar desde las instituciones de educación superior es garantizar una educación de calidad en todos los ámbitos, que desarrolle y transmita el conocimiento, para así superar todos los problemas descritos y alcanzar una paz más allá de un acuerdo con las FARC.

Desde esa premisa, el equipo editorial de la revista Finanzas y Política Económica, de la Universidad Católica de Colombia, presenta cordialmente a los lectores esta nueva edición, que, desde la perspectiva económica y desde el ámbito de la investigación y la educación, pretende aportar en la consolidación de este complejo objetivo y todo lo que implica.

Esta edición se encuentra conformada por artículos de autores nacionales e internacionales: comienza con el artículo de José Carlos Trejo García, Humberto Ríos Bolívar y Francisco Almagro Vázquez: "Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México"; luego tenemos a Eduardo Rosas Rojas con el documento "La intervención cambiaria y los flujos de capital: evidencia empírica para Brasil, Colombia, Chile y México, 2001-2013"; más adelante encontramos a Fahd Boundi Chraki con el artículo "Análisis input-output de encadenamientos productivos y sectores clave en la economía mexicana"; ulteriormente, a Julián Fernández Mejía y Jorge Mario Uribe con el texto "Análisis de procesos explosivos en el precio de los activos financieros: evidencia alrededor del mundo"; enseguida encontramos a Milton Camelo Rincón y Jacobo Campo Robledo con el artículo "Análisis de la política de vivienda en Bogotá: un enfoque de oferta y demanda"; más adelante a William Avendaño Castro, Luisa Paz Montes y Gerson Rueda Vera con su texto "La gestión ambiental en las pymes del sector arcilla en Cúcuta y su área metropolitana"; Juan Pablo Herrera Saavedra y Dennis Sánchez Navarro presentan su artículo "Efectos de integraciones de firmas en mercados de bienes homogéneos; y, finalmente, Jimmy Melo nos comparte su reflexión acerca del "Arbitraje limitado bajo fondeo basado en desempeño".

Esperamos que estas contribuciones sigan fortaleciendo la discusión académica, potenciando la investigación en el ámbito universitario y, por supuesto, aportando a la construcción de una sociedad colombiana en paz.